La juez señala que la multa es adecuada al alto poder adquisitivo del empresario, propietario del Grupo Cursach. Foto: EP
Multa de 9.000 euros para Cursach por insultar al juez Penalva
La juez Francesca Ramis considera probado que el empresario llamó tres veces "subnormal" al antiguo instructor del ‘caso Cursach’
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12/7/2019 09:34
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Actualizado: 28/2/2022 13:03
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El empresario mallorquín Bartolomé Cursach ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 4 de Palma a pagar una multa de 9.000 euros por insultar al magistrado Manuel Penalva.
Penalva, titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, fue el juez que envió a Cursach a prisión, acusado de 16 delitos.
Ingresó en marzo de 2017 y, cuando salió, en abril de 2018, tras pagar una fianza de un millón de euros, fue cuando tuvo lugar este episodio, cuando acudió a dependencias judiciales a entregar su pasaporte.
El empresario comentaba con su abogado una entrevista de radio en la que el magistrado había expresado su preocupación por la indefensión de los testigos protegidos.
La juez Francesca Ramis declara probado que durante esa conversación Cursach llamó tres veces ‘subnormal’ al juez Penalva, antiguo instructor del ‘caso Cursach’.
El magistrado Manuel Penalva Oliver, titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma.
La juez considera que la multa es adecuada al alto poder adquisitivo del empresario, propietario del Grupo Cursach.
Además, entiende que insultó al magistrado por su condición de juez, y no por asuntos particulares.
También aprecia el daño moral al juez por la trascendencia pública de este asunto.
En el juicio rápido que se celebró la semana pasada, Cursach -defendido por Enrique Molina– negó los insultos y aseguró que «jamás» usa la expresión «subnormal» por respeto a unos amigos y porque la considera de «muy mal gusto».
El juez, que declaró como testigo, relató que dos funcionarias, las tramitadoras del ‘caso Cursach’, le contaron que el empresario se había referido así sobre él hasta en tres ocasiones.
Calificó como una humillación que le insultaran ante el personal de su Juzgado.
Además, destacó que esta «presunta organización criminal» ha sometido a «acoso» y a «hostigamiento» a los testigos de la causa.
Dijo que «con Cursach, a nivel personal» no tiene nada. «Es más, si hubiera pedido disculpas, a lo mejor no estaríamos aquí», apuntó.
Las dos funcionarias que escucharon a Cursach referirse en los citados términos sobre Penalva corroboraron la versión del juez.
«Ahora dice que le preocupan los testigos, subnormal», dijo una de ellas que le oyó decir de manera irónica.
La Fiscalía consideró a Cursach culpable de un delito de «injurias contra la autoridad pública», y finalmente ha sido condenado.
EN OCTUBRE FUE CONDENADO A OCHO MESES DE PRISIÓN POR LA CARABINA ENCONTRADA EN SU CASA
En octubre de 2018, Cursach también fue condenado a ocho meses de cárcel por la tenencia ilícita de una carabina Winchester 290 del calibre 22, además de numerosa, encontrada en su casa durante un registro realizado durante la investigación relativa a su presunta pertenencia a una organización criminal. El arma estaba cargada y se encontraba en correcto estado de funcionamiento.
La Audiencia Provincial de Baleares confirmó la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal número 7 de Palma.
Esta sentencia está recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
‘CASO CURSACH’
Manuel Penalva dirigía la investigación de la macrocausa de corrupción policial de Palma hasta que en marzo de 2018, fue recusado por las defensas y opartado por «pérdida de apariencia de imparcialidad».
Penalva fue sustituido por el magistrado Miguel Florit.
En el ‘caso Cursach’ se investiga una presunta trama corrupta liderada por este empresario de ocio nocturno en la que estarían involucrados empleados de sus discotecas, policías locales de Palma, funcionarios del Ayuntamiento de la capital y de Calvià, y la exdirectora general de Turismo del ‘govern’, Pilar Carbonell.
La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años y medio de cárcel para Cursach, a quien atribuye los presuntos delitos de pertenencia a un grupo criminal, prevaricación administrativa, cohecho activo y coacciones. También reclama 15 años de inhabilitación especial para toda actividad relativa a la hostelería, ocio o recreo, así como una sanción económica de unos 60.000 euros.
También reclama 15 años de inhabilitación especial para toda actividad relativa a la hostelería, ocio o recreo, así como una sanción económica de unos 60.000 euros.
Anticorrupción acusa también a otras 23 personas, entre ellas 15 policías de Palma.
Cursach estuvo en prisión preventiva 13 meses, hasta abril de 2018, cuando abandonó la cárcel tras abonar una fianza de 1 millón de euros.
Los fiscales Miguel Ángel Subirán y Juan Carrau relatan en su escrito de acusación, de 70 páginas, que Cursach, de manera continuada y permanente y, al menos desde el año 2000 hasta el 2016, dio instrucciones y órdenes para que se llevase a cabo la práctica habitual de regalar y obsequiar a diversos funcionarios públicos que tenían competencias en temas y cuestiones que podía afectar a la marcha de los negocios del Grupo Cursach.
Afirman que así se fraguó y persistió en el tiempo un acuerdo en el que algunos empleados públicos de la comunidad, de los Ayuntamientos de Palma y de Calviá y de la Policía Local de Palma, por sí mismos o dando órdenes e instrucciones ilegales, beneficiaban los intereses de los locales y negocios del Grupo apartándose de sus obligaciones administrativas.
Los fiscales describen cómo el Grupo Cursach agasajó al menos hasta finales del año 2009, con prebendas de diversa índole -fiestas privadas en sus establecimientos y apartamentos donde se les ofrecía servicios sexuales, consumiciones y sustancias estupefacientes- a jefes, mandos intermedios y agentes de la Policía Local de Palma con competencias en el control de la normativa de los locales de ocio.
LOS OTROS ACUSADOS
La Fiscalía acusa a Bartolomé Sbert Nicolau, que fue director general del Grupo Cursach Ocio cuando tuvieron lugar los hechos denunciados, de pertenencia a un grupo criminal, prevaricación administrativa, cohecho activo y coacciones y pide 18 meses de cárcel, 15 años de inhabilitación en actividades relacionadas, 10 años para todo cargo o función pública y una multa de 60.000 euros.
Para la exdirectora general de Turismo del ‘govern’, Pilar Carbonell, reclama la inhabilitación especial por 10 años para todo cargo o función pública por participar en un supuesto delito de prevaricación administrativa continuada.
Otros de los acusados son Antonio Bergas Monserrat, Jaime Lladó Rubí, Arturo Segade Navas, Juan Miguel Mut Carcía, Bartolomé Capó Amengual, Gabriel Torres Pericás, Feliciano Franco Sánez de la Fuente, Gabriel Mayol Amengual, José Mayans Alcina, Miguel Estarellas Sastre, y Rafael Amengual Henry.
Otro juzgado de Palma, el de Instrucción 6 de Palma de Mallorca, del que es titular Miguel Jesús Florit Mullet, investiga un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de noticias sobre este caso.
El juez Florit, con el visto bueno del Ministerio Fiscal, ordenó la incautación de los teléfonos móviles de los periodistas José Francisco Mestre y Blanca Pou, el registro de las redacciones de Europa Press en Baleares y del Diario de Mallorca y la aprehensión de ordenadores y documentación de Europa Press.
Miguel Florit (a la izquierda), junto a su abogado, José Zaforteza. Foto: EP.
Europa Press, el Diario de Mallorca y los dos periodistas afectados se querellaron contra este juez por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional de los periodistas.
La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) Felisa Vidal dictó el pasado 12 de junio un auto por el que acordó seguir por el procedimiento abreviado las diligencias contra el juez instructor del ‘caso Cursach’.
Vidal aprecia suficientes indicios de criminalidad en la actuación del magistrado, que ordenó incautarse de los móviles de dos periodistas y obtener sus listados de llamadas y geoposicionamientos.
La instructora decide continuar con las diligencias por si los hechos fueran constitutivos de un presunto delito de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista y de interceptación ilegal de comunicaciones.
Se trata del paso previo a la apertura del juicio oral. Vidal abrió un plazo para que las partes presentaran escrito de acusación.
Por otra parte, el pasado junio, la Fiscalía Anticorrupción propuso que se investigue a Penalva, y al fiscal Miguel Ángel Subirán por presuntos delitos de revelación de secretos, prevaricación y obstrucción a la Justicia cometidos cuando investigaban la citada causa contra el empresario balear.
El juez Manuel Penalva, y el fiscal Miguel Ángel Subirán, a los que la Fiscalía atribuye supuestos delitos de revelación de secretos, prevaricación y obstrucción a la Justicia. Foto: EP
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