Los coruñeses ya disponen de los servicios de la «juez pitonisa» para conocer lo que les depara el futuro
María Jesús García Pérez, en una foto que publicó La Voz de Galicia. Foto: Carlos Castro.

Los coruñeses ya disponen de los servicios de la «juez pitonisa» para conocer lo que les depara el futuro

"TAROTISTA CON GRAN EXPERIENCIA EN CONSULTA PERSONAL O POR TELÉFONO SIN LÍMITE DE TIEMPO"
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24/7/2019 01:30
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Actualizado: 24/7/2019 09:21
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Lleva poco más de una semana en su nuevo destino, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de La Coruña, y la magistrada María Jesús García, la «juez pitonisa», ya ha publicitado sus servicios entre los ciudadanos de la capital gallega.

Desde que se mudó desde Lugo, abandonando el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 3, su «asistente personal» se ha dedicado a poner carteles en varios puntos de la ciudad, según informa La Voz de Galicia.

«Tarotista con gran experiencia en consulta personal o por teléfono sin límite de tiempo. Fines de semana incluidos. Se dan recetas de magia blanca», dicen los pasquines, en los que se añade un número de teléfono.

Precisamente es el asistente el que responde a las llamadas telefónicas y el que explica el protocolo de la sesión para conocer el futuro.

Comienza con una visión general de la salud, el trabajo y el amor para luego pasar a contestar sobre aquellos detalles que más preocupen al cliente.

Todo sin límite de tiempo.

El «asistente personal» subraya el profundo conocimiento que la vidente tiene sobre el tarot y su larga experiencia en asuntos de «magia blanca».

Ni que decir, según ha podido pulsar Confilegal, que en el universo jurídico coruñés es de lo más comentado, donde se recuerda la última noticia generada por la «magistrada pitonisa», que se postuló para ser participante en el programa «First dates», de Cuatro, que presenta Carlos Sobera. 

SE LIBRÓ DE UNA SANCIÓN DE SEIS MESES DE SUSPENSIÓN DE EMPLEO Y SUELDO

La magistrada se libró, el pasado mes de octubre, de un expediente disciplinario.

El promotor de la Acción Disciplinaria (pAD), Ricardo Conde, propuso a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la imposición de una falta muy grave, por ejercer actividades incompatibles para el cargo de juez o magistrado y propuso que se la suspendiera dude empleo y sueldo durante seis meses.

Sin embargo, por 4 votos a 3, a favor del archivo del expediente disciplinario, la «magistrada pitonisa» se libró del castigo.

A su favor votaron los vocales Roser Bach, Victoria Cinto, Vicente Guilarte y Enrique Lucas.

En contra, Ángeles Carmona, Carmen Llombart y Wenceslao Olea, este último también magistrado del Tribunal Supremo y presidente de dicha Comisión.

Los 4 vocales que conformaron la mayoría consideraron que la prueba en que se basaba la incoación del expediente se basaba en una prueba «ilícita»: la grabación con cámara oculta realizada en el domicilio de la magistrada pluriempleada. 

Se basaron en una sentencia de 2012 del Tribunal Constitucional, en la que declararon ilegítimo el uso de las cámaras ocultas, aún cuando la información que se obtuvieran con ellas fuera de relevancia pública.

De acuerdo con el máximo tribunal de garantías, la utilización de estas cámaras se basa en un «engaño o ardid» que el periodista despliega simulando una identidad oportuna según el contexto, para provocar y registrar «subrepticiamente» declaraciones que quizá no hubiera logrado al presentarse con su verdadera identidad.

Los periodistas del diario «El Progreso», de Lugo, autores de esta exclusiva, hicieron uso de ese recurso.

UNA DECISIÓN INCOMPRENSIBLE

Fue una decisión incomprensible ya que las imágenes tomadas por los periodistas no habían sido emitidas a través de ningún canal de televisión ni de youtube, por lo tanto, no encajaba en la doctrina del Constitucional.

Y se desestimó el testimonio de los tres periodistas a los que la «juez pitonisa» les echó las cartas. Testigos directos de una actividad alienígena a una magistrada.

Aquella decisión no dejó en buen lugar la imagen de la justicia. 

Porque era más que evidente que ejercía el pluriempleo echando las cartas y cobrando por ello, sin estar autorizada por el CGPJ y sin pagar a la Hacienda Pública.

La pregunta que ahora emerge con esta nueva situación, es ¿qué va a pasar?

¿Volverá el CGPJ a tomar medidas? Porque la magistrada, a la vista de los  hechos, se siente empoderada para continuar con su doble vida, administrando justicia por la mañana y leyendo el futuro por las tardes y en fines de semana, sin límite de tiempo.

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