derecho contencioso-administrativo

Destaca que si bastase con la existencia de los desperfectos en la acera, al margen de las demás circunstancias de la caída, la administración “se convertiría en aseguradora universal".

Llevaba 26 años sin conducir vehículos de cuatro ruedas y lo advirtió.

Anula una indemnización de 3.000 euros a una mujer por las lesiones que presentó tras una detención policial.

Por las condiciones económicas "desproporcionadas y discriminatorias" que exigía para el ascenso.

Tendrá que iniciar la tramitación de la declaración de Zona Acústicamente Saturada (ZAS) y definir las medidas correctoras que resulten procedentes.

El caso lo ha llevado la AEGC y el agente ha estado asistido por el abogado Joaquín Carlos Serranos Serranos.

En la sentencia, dictada el pasado 8 de junio, aplica la jurisprudencia del TJUE, fijada en sentencias de 2017 y 2019, y modifica y ajusta su doctrina.

Denuncia que se está limitando un derecho fundamental sin el preceptivo desarrollo, por lo que acude al procedimiento de protección de derechos fundamentales, solicitando subsidiariamente, de no reconocer tal derecho, una compensación económica o de otro tipo por no disponer de él.

El TS establece que no corresponde a la LAJ determinar la relevancia informativa de las sentencias, sino a los profesionales de la información de las oficinas, a los que se les ha confiado la tarea.