El abogado Joaquín Bachrani Reverté explica que “gracias a la jurisprudencia del TS y del TSJM se ha conseguido un mayor control en las declaraciones de ‘no aptos’ en las diferentes pruebas; mayor transparencia; y evitar la manifiesta arbitrariedad que ha imperado en estas pruebas desde el inicio”.
Joaquín Bachrani: “Tras 20 años de jurisprudencia, los opositores a la Policía Nacional y la Guardia Civil han perdido el miedo a recurrir el no apto”
Y también los funcionarios de ambos Cuerpos, en su promoción interna
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29/9/2023 02:15
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Actualizado: 29/9/2023 13:34
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Con carácter general, en la mayoría de casos, los aspirantes a la Policía Nacional y la Guardia Civil, después de años de sacrificio y de mucho esfuerzo económico -en alquileres y academias especializadas-, entran en el proceso selectivo, aprueban la oposición, juran el cargo y se convierten en funcionarios de carrera.
Pero también hay “muchísimos casos” en los que son declarados “no aptos” en el proceso selectivo, bien en la prueba de reconocimiento médico -en diversas causas-, o en la prueba de entrevista personal.
“Un número muy alto” de opositores a la Policía Nacional, en turno libre y promoción interna, y también de opositores a la Guardia Civil se ven obligados a recurrir las resoluciones que les impiden continuar adelante, señala a Confilegal el abogado Joaquín Bachrani Reverté (San Carles de la Rápita, Tarragona, 1976), quien lleva desde 2004 -19 años- asistiendo a aspirantes a ambos cuerpos y a funcionarios en activo en los procedimientos contenciosos-administrativos tramitados ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y el Tribunal Supremo (TS).
Bachrani explica en este reportaje las situaciones que se encuentran los opositores en el acceso a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, y cómo están resolviendo los tribunales.
“Muchos de los aspirantes se ven abocados a acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para poder hacer efectivo su deseo de ser agentes o inspectores”, explica este letrado.
Y “en la mayoría de los casos”, la Justicia les da la razón.
“Gracias a la jurisprudencia del TS y del TSJM se ha conseguido un mayor control en las declaraciones de ‘no aptos’ en las diferentes pruebas; mayor transparencia; y evitar la manifiesta arbitrariedad que ha imperado en estas pruebas desde el inicio”
En abril de 2024, Joaquin Bachrani cumplirá 20 años en esta especialidad. Cuando empezó, se presentaban muy pocos recursos a nivel nacional.
“Habría tres o cuatro en todo el territorio nacional. Posteriormente, subió a 20 o 30 al año. Actualmente, los recursos se han incrementado exponencialmente, puede haber del orden de 300 o más, porque se ha vencido el miedo a recurrir, y porque se han ampliado plazas y el volumen de aspirantes es mucho mayor”, indica.
HACE 20 AÑOS HABÍA CIERTA RETICENCIA A RECURRIR LOS “NO APTOS”
Según informa este letrado, al principio había cierta reticencia a recurrir. “Incluso desde dentro de la Policía aconsejaban al opositor suspendido que no se le ocurriera recurrir porque eso no gustaba a la División de Formación y Perfeccionamiento, en la que están encuadrados los tribunales calificadores. Le decían que no servía absolutamente para nada, y porque si recurrían, no entrarían nunca en la Policía Nacional”, detalla.
A día de hoy, pese a que hay muchísimas sentencias ganadas, “todavía hay gente que, por desconocimiento y malos consejos, tiene un temor visceral a iniciar un procedimiento de estas características”.
Este abogado ha conseguido importantes sentencias. Entre ellas, casos en los que la Justicia corrige a la Policía Nacional y declara que si el opositor realizó las pruebas posteriores al no apto, no tiene que repetirlas, sentencias en las que el Tribunal Supremo desestima los recursos de la Abogacía del Estado que ponían en tela de juicio las resoluciones del TSJ de Madrid sobre procesos selectivos de la Policía Nacional; casos en los que se dictamina que si el opositor a Policía Nacional aprueba una convocatoria posterior a la recurrida, se beneficiará de todos los efectos de la que recurrió con carácter retroactivo, como ha establecido el TSJM.
También sentencias en las que se declara que la escoliosis no es incompatible con la actividad policial, y que el daltonismo no puede ser utilizado como causa de exclusión en la Policía Nacional, entre otras muchas.
La Justicia sigue estimando los recursos de acceso a la Policía a pesar de la videograbación de la entrevista, que se viene realizando desde la convocatoria 36 -con carácter potestativo- y desde la 37 de forma obligatoria, tanto en turno libre como en promoción interna.
Las primeras sentencias que recibió fueron en 2005, de reconocimiento médico. De material de osteosíntesis, de aspirantes que llevaban clavos o placas en articulaciones, caderas, pierna, pie o fémur, y también de capacidad auditiva.
El reconocimiento médico antiguamente, en 2004, era la última prueba del proceso selectivo.
Cuando “se empezaron a ganar de forma sistemática todos los recursos de capacidad auditiva, visual y traumatología en 2005, 2006 y siguientes, esa prueba la modificaron y pasó a ser la entrevista personal la última prueba”, relata Joaquín Bachrani.
CUANDO LA DGP EMPEZÓ A PERDER SISTEMÁTICAMENTE LOS PLEITOS, SE PUSO AL FINAL DE LAS PRUEBAS LA ENTREVISTA PERSONAL
“Lo que hizo la División cuando vio que empezaba a perder de forma sistemática los procesos referentes a los no aptos en reconocimiento médico, fue modificar el orden de las pruebas creyendo que si se ponía la entrevista personal en último lugar, en caso de ser declarado ‘no apto’, nadie se iba a atrever a poner en duda y recurrir esa declaración de ‘no apto’”, explica este abogado.
Según indica, con estas sentencias se ha logrado una situación muy importante para los opositores. “Se ha conseguido un mayor control en las declaraciones de ‘no aptos’ en las diferentes pruebas, con mayor garantías a los derechos de los opositores; una mayor transparencia, que ha beneficiado de cara a poder recurrir; y evitar la manifiesta arbitrariedad que ha imperado en estas pruebas desde el inicio, hasta que los tribunales les han puesto coto”, detalla Bachrani.
Este letrado emplaza a los opositores que han hecho la entrevista personal y que está meridianamente bien hecha, o que están en una situación médica compatible con las funciones de la Policía, a que recurran.
La mayoría de las personas que recurren “se han presentado una media de dos o tres veces al proceso selectivo”, aunque este letrado afirma que con una es “más que suficiente para la viabilidad del recurso”.
ENORME GASTO PARA LOS CONTRIBUYENTES EN CONDENAS A LA DGP, PAGO DE ATRASOS Y COSTAS
Bachrani también señala el enorme gasto que supone para la administración, para los contribuyentes, las condenas de la Dirección General de la Policía, al tener que pagar a los recurrentes con carácter retroactivo, y las costas.
“Estamos hablando de muchísimo dinero que se podría invertir en otras cosas”, indica este letrado.
Por ejemplo, apunta que invertir dentro de la escuela es una solución para evitar pasar un mal trago a todos.
A su juicio, el proceso selectivo de la entrevista personal, en lugar de hacerlo en el proceso de acceso, se debería hacer una vez ya dentro de la escuela, “con más garantías, con más seguimiento, con más objetividad y con más posibilidades de motivar un ‘no apto’”.
Y “en lugar de estar una entrevista personal 25 o 30 minutos de media con cada uno de los chavales, hacer un seguimiento mientras dura el curso de formación en la Escuela Nacional de Policía”.
LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS, POR LO GENERAL SE ALARGA DESDE SEIS MESES MESES A INCLUSO DOS AÑOS
Preguntado sobre cuánto tiempo tarda la Dirección General en dar cumplimiento a estas sentencias, afirma que “antes lo hacía enseguida, pero a día de hoy no”.
La razón es que “no es lo mismo ejecutar diez casos que 500”. “Se ha visto superada por este tema y actualmente, la ejecución de las sentencias se alarga meses e incluso años”, explica Bachrani.
Los abogados, ”con muchísimos escritos, con muchísima insistencia y con la supervisión, control y ayuda del Tribunal Superior de Justicia” están detrás de ello. Al final se acaba cumpliendo, “pero tarde”.
“En una ejecución voluntaria por parte de la Administración, una vez que la sentencia es firme y el opositor cumple con el contenido de la resolución -acaba el proceso selectivo, jura el cargo y toma posesión del mismo-, se tienen que ejecutar todo lo relativo a atrasos, escalafón y antigüedad de inmediato. Pero a día de hoy, por la dejadez de la Dirección General, prácticamente en el 100% de los casos se nos obliga a iniciar un incidente de ejecución -para ejecutar forzosamente la sentencia- y se tarda un mínimo de seis meses, y a veces hasta dos años hasta que la administración la cumple”, argumenta este letrado.
Aunque esa sea la dinámica general, indica que este mes septiembre, la División de Formación y Perfeccionamiento ha empezado a ejecutar la jurisprudencia que determina que una prueba de oposición realizada no tiene que repetirse, cumpliendo así con las sentencias del Tribunal Supremo y del TSJ de Madrid a este respecto ganadas por este abogado. Algo que no esperaban que ocurriese hasta septiembre de 2024.
LO CONSEGUIDO EN ESTOS 20 AÑOS
En estos 20 años de lucha de los opositores y los funcionarios en cuanto a ascensos se han conseguido muchas cosas.
“Desde que se quitara el límite de edad de acceso a la Policía Nacional, que inicialmente estaba fijada en 30 años y después en 35; que temas médicos que antes eran intocables, a día de hoy no sean causas de exclusión; que la entrevista personal, que era la prueba que nadie quería recurrir porque nadie se atrevía a hacerlo, ya haya una jurisprudencia consolidada que permite poner en tela de juicio la motivación del tribunal entrevistador para declarar no apto al entrevistado”, resume este jurista.
También se ha logrado la grabación de la entrevista, que es “una prueba irrefutable de que los opositores no lo hacían tan mal como se decía”, indica este letrado.
Asimismo, “se ha acreditado que se estaba utilizando un sistema de interrogatorio que no es acorde ni compatible con lo que es una prueba de entrevista personal en una prueba de selección”, agrega.
De hecho, este abogado aboga por la eliminación de la prueba de entrevista personal que se hace actualmente. “El Tribunal Supremo ya ha determinado que este formato de entrevista personal no sirve absolutamente para nada en la forma en la que está establecida”, sostiene.
Bachrani también manifiesta que los opositores se han acostumbrado a ganar siempre y quieren que esto se haga en unas medias de un año a un año y medio, cuando un contencioso-administrativo tarda muchos años.
AÚN QUEDA “MUCHÍSIMO” CAMINO POR RECORRER
Este letrado afirma que aún queda “muchísimo camino que recorrer, porque la redacción de las bases de las convocatorias, en algunos puntos se ha modificado para dar apariencia de justificación o motivación, el contenido de las mismas, pero su resultado y finalidad sigue siendo el mismo de siempre”.
“Se analizan y valoran los mismos factores y aunque se les dé distinta denominación, son esencialmente los de siempre”, apunta.
Señala que hay bases de la entrevista personal que en los últimos cinco años parece que se han modificado, pero simplemente “es distinta redacción, con el mismo contenido y la misma finalidad”.
Preguntado por el primer opositor que asistió que se atrevió a recurrir este tipo de circunstancias -el proceso selectivo- sin tener ninguna jurisprudencia, indica que fue en 2005 y que entonces se tardaba tres o cuatro años en conseguir una sentencia.
Esa persona se atrevió a nivel nacional a decir “me he presentado, me han tumbado, pero creo que el reconocimiento médico no me lo han motivado y me han tirado sin ningún tipo de justificación”.
“Fue el que abrió las puertas a los cientos de opositores y funcionarios de carrera que se han visto beneficiados por el trabajo iniciado en ese momentos”, resalta Bachrani.
También abrió una vía a muchos abogados que han hecho de este asunto su trabajo.
JOAQUÍN BACHRANI QUERÍA SER INSPECTOR DE POLICÍA NACIONAL, PERO UN ACCIDENTE TRUNCÓ SUS PLANES
Joaquín Bachrani es catalán afincado en Madrid.
Primero estuvo viviendo en Ávila y desde hace tres años en Madrid. Tiene despacho en ambos sitios.
Preguntado sobre cómo fue dedicarse a la abogacía, y en concreto a la defensa de policías y guardias civiles, señala que él quería ser inspector de Policía Nacional, pero que un accidente truncó sus planes. Y acabó ejerciendo la abogacía para asistir a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que en una democracia son los primeros garantes, los garantes en la calle, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
Bachrani estudió Derecho y Criminología con la intención de ser algún día inspector de Policía Nacional. Siempre quiso ser Policía Nacional.
Estando en el instituto recibió un folleto de las pruebas de acceso y se ilusionó todavía más con ello.
Cuando llegó el momento, sus padres le enviaron “a la mejor academia que había de formación, que está en Ávila”, para preparar el proceso de oposición.
“En 2001, me trasladé desde Cataluña a Ávila para opositar a la Escala Ejecutiva de la Policía Nacional, pero tuve un accidente. Aprobé la Escala Ejecutiva y me tocaba entrar el siguiente mes de septiembre, pero un día entrando a la residencia en la que estaba, se me cayó una puerta encima y estuve tres años con intervenciones quirúrgicas y recuperación”, relata.
Según afirma, salvó la vida de milagro.
A principios de 2004 comenzó a ejercer la abogacía.
“Yo no pude conseguir ser Policía Nacional, aunque aprobé la Escala Ejecutiva, pero tengo la gran satisfacción de haber logrado que cientos de chicos y chicas sean policías nacionales y que funcionarios promocionen a otras categorías. Ayudándoles a cumplir sus sueños y corrigiendo las irregularidades, me siento realizado”, concluye.
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