El Real Decreto-ley en cuestión vulnera la Constitución. No se puede, por esta vía, "afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos", dice el Tribunal Constitucional.
"El acusado –dice la sentencia– hizo creer a al víctima que se había puesto el preservativo y lo determinante es que no lo hizo, sin que exista causa que lo justifique".
