Lo que está en juego en esta cuestión prejudicial planteada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ante el TJUE es la efectividad de las acciones colectivas.
"La idea de una amnistía a los líderes del golpe fallido del 1 de octubre de 2017, es una legalización encubierta de actos contra el Estado", dice Maite Pagazaurtundúa al comisario de Justicia, Didier Reynders, en su carta.
