Piden la nulidad del acuerdo, como paso previo a exigir responsabilidades ante el Tribunal de Cuentas y la jurisdicción penal si se destinase dinero público para financiar el incumplimiento de las sentencias o coaccionar a las entidades que se oponen a la imposición lingüística.
Causaría un daño irreparable a las víctimas de accidentes de tráfico, especialmente a los lesionados graves y perjudicados por fallecimiento de familiares.
