Así consta en una providencia en la que la asociación pide aclarar si el procedimiento que se sigue ante la Audiencia Nacional debe trasladarse a Alemania.
El TC establece una interpretación para garantizar el necesario deslinde entre el procedimiento administrativo regulado en la norma y la jurisdicción penal.
Destaca que es "una operación de altísimo riesgo, que quebraría las pautas del fabricante, que quedaría exonerado de cualquier responsabilidad, que recaería sobre el Estado".
