La tasa de resolución del trimestre ha alcanzado un máximo histórico al situarse en el 166% a nivel nacional, según el Consejo General del Poder Judicial.
Buscará fórmulas para reforzar la independencia de los reguladores y la imparcialidad de las denominadas autoridades independientes, así como para mejorar la protección de los denunciantes de corrupción o “whistleblowers” y blindarlas frente a posibles represalias.
