El TSJCat lo sentenció a un año y seis meses de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros por desobedecer la orden de la JEC de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en período electoral.
En este escenario de vuelta al trabajo presencial de forma gradual, las empresas revisan sus planes de contingencia con el apoyo de sus asesores laborales.