A partir de la reforma del Código Penal, aquellas infracciones más graves que supongan un “desprecio manifiesto por la vida de los demás” se castigan con penas de prisión.
La asociación de víctimas de la talidomida quiere que el Gobierno aclare si deben pagar IRPF por sus indemnizaciones, que oscilarían entre el 46 al 54%.
