La demora estructural en la jurisdicción social convierte el tiempo en una forma silenciosa de denegación de justicia, afectando gravemente a trabajadores y empresas y vaciando de contenido la tutela judicial efectiva.
La AEPD impone dos multas de 100.000 euros cada una al considerar que el hospital realizó un tratamiento ilícito al suprimir datos de salud sin una excepción legal ni base jurídica válida.
La UE avanza hacia un marco penal anticorrupción armonizado que refuerza sanciones, responsabilidad empresarial y la protección de denunciantes como eje clave de la prevención.
La agenda laboral 2026 estará marcada por más regulación, menor diálogo social y nuevos retos en SMI, IA, despido, registro horario y negociación colectiva.