Los abogados de la asociación de víctimas creen que la utilización de ese criterio comporta una limitación del principio de reparación integral del daño.
La asociación interpuso una querella contra el ministro por los presuntos delitos de prevaricación, prohibición de culto y de interrupción de culto.
Recuerda que entre 1987 y 1996 recibió cinco condenas por violación, asesinato y robo, entre otros delitos, antes de los hechos por los que ahora ha sido condenados a 96 años de prisión.
