Lo acusa de ofrecer prebendas personales y profesionales a una concejal de UPyD a cambio de favorecer su investidura como regidor o de apoyar algunos proyectos municipales.
Los abogados de la asociación de víctimas creen que la utilización de ese criterio comporta una limitación del principio de reparación integral del daño.
La asociación interpuso una querella contra el ministro por los presuntos delitos de prevaricación, prohibición de culto y de interrupción de culto.
