El Tribunal Supremo ha impuesto una pena de 535 años para cada uno de los dos etarras que hicieron estallar una furgoneta bomba en el distrito madrileño de San Blas en mayo de 2005, causando heridas a 45 personas, 14 de ellos policías.
La sentencia, dictada por conformidad de las partes, les impone penas de entre seis meses y dos años de prisión e inhabilitación. El Ayuntamiento recibirá una indemnización cercana a los 150.000 euros
