La Audiencia Nacional ha ratificado, en apelación, la anulación del nombramiento de la secretaria de Gobierno del TSJ de Canarias por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley.
La Fiscalía Anticorrupción ha dirigido un escrito al titular del Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, el magistrado Antonio Serrano-Arnal, solicitando el final de la instrucción y su conversión en procedimiento abreviado contra Rodrigo Rato Figaredo.
La Fiscalía de Móstoles ha abierto diligencias de investigación para esclarecer una denuncia contra el rector de la Rey Juan Carlos. Podemos acusa a Ramos de prevaricación y cohecho en lo relativo al convenio de cesión del hangar de la institución a la compañía European Airline Training Center (EATC).
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería ha solicitado a las partes personadas en la causa seguida por la muerte de Gabriel Cruz que se pronuncien sobre la petición efectuada por los padres del pequeño para poder incinerar sus restos mortales.
El Juzgado de lo Social Número 1 de Móstoles (Madrid) ha establecido que la reducción de jornada no puede conllevar una rebaja de los días de vacaciones del trabajador que está acogido a este horario.
El magistrado Joan Agustí Maragall, titular del Juzgado de lo Social 33 de Barcelona, ha reconocido el derecho a la prestación de orfandad absoluta a una menor, cuyo padre todavía vive pero lleva 9 años desentendiéndose de las necesidades afectivas y económicas de su hija, de 14 años.
La Universidad Rey Juan Carlos informa que no hay constancia documental del Tribunal ni del acta de convalidaciones del máster en Derecho Autonómico del vicesecretario de Comunicación del Partido Popular.
La Comunidad de Madrid traslada al juzgado de la Audiencia Nacional un nuevo expolio al Canal de Isabel II por 8,9 millones de euros. Acusa al que fuera mano derecha del expresidente Ignacio González en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez, de los delitos de administración desleal, falsedad contable y apropiación indebida.
La defensa de 'La Manada' ha dicho que de prorrogarse la prisión provisional (otros dos años y medio como máximo), se trataría de "una pena anticipada que no cabe en el derecho español". Por ello, ha anunciado que si no se concede la libertad, presentará un recurso de amparo ante el Constitucional.
