El tribunal considera que la empresa no acreditó razones organizativas o productivas que justificaran rechazar la adaptación solicitada y confirma una indemnización de 6.000 euros por los perjuicios causados.
La resolución recuerda que los registros de actividad, logs y grabaciones de un trabajador pueden formar parte de sus datos personales, incluso cuando se hayan utilizado en un despido.
El magistrado sostiene que la exmilitante socialista habría contado con el «impulso y soporte intelectual y/o financiero» del ex secretario de Organización del PSOE.
Zamarriego acepta el requerimiento de inhibición de la Audiencia Nacional y remite las diligencias en las que investigaba a Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Pere Rusiñol.
El juez de la Audiencia Nacional descarta, por ahora, que exista un nexo directo entre las investigaciones dirigidas por el mando de la Guardia Civil sobre el «procés» y posibles maniobras de Leire Díez contra su situación profesional.
