El tribunal concluye que la Agencia Española de Protección de Datos podía ordenar la suspensión inmediata del escaneo de iris al apreciar un riesgo urgente para los derechos de los afectados.
La organización política presenta una denuncia por la presunta utilización de civiles contra España y solicita conocer si hubo órdenes de las fuerzas marroquíes.
