La defensa alega que han pasado tres meses desde la anterior resolución denegando la libertad, y que el encausado ya lleva nueve meses en prisión provisional.
La sentencia del Supremo pone fin al contencioso abierto por la Asociación de Registradores Francisco de Cárdenas y la Asociación Independiente de Registradores de España.
La magistrada aplica la minoración de los porcentajes siguiendo la jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Madrid que en la sentencia de 2 de noviembre 2022.
La víctima era un joven que trabajaba como albañil y se enteró de los hechos a los pocos días de su boda, porque le embargaron el saldo de su cuenta bancaria.
Considera que en esos casos no cabe rechazar la solicitud de jubilación invocando que no se ha percibido la indemnización propia de los despidos objetivos o colectivos.
