La resolución relata que el 1 de octubre de 2014 tuvo lugar una explosión en el edificio del Ayuntamiento de Baralla (Lugo), que causó daños materiales.
Estas primeras demandas forman parte de un grupo con un total de 7.000 ganaderos que representan aproximadamente el 60% de los afectados que han optado por reclamar.
