Propone dotar 15 plazas de letrados del Gabinete Técnico para ser cubiertas por magistrados para paliar la “situación crítica” de las Salas de lo Social y de lo Contencioso.
En esta sentencia analiza naturaleza del delito de deslealtad profesional y la jurisprudencia de la Sala de lo Penal para precisar quién ostenta la condición de abogado.
Prevalece el interés del menor ya que éste tiene derecho a relacionarse con ambos progenitores y, por tanto, puede establecerse un régimen de visitas ordinario.
