El Derecho de la Unión se opone a una normativa nacional que impone la publicidad de cualquier información comunicada por los licitadores, con la única excepción de los secretos empresariales.
Determinará si en ejecución de sentencia en procesos selectivos de acceso a la función pública tiene que ser la nota de corte de la convocatoria de origen o la de la promoción en curso.
