Emilio García Grande era coordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid en 2014, cuando su vida estalló hecha trizas. Una época en la que la alcaldesa era la popular Ana Botella.
García Grande siempre, desde el minuto 1, se declaró inocente.
Ese desastre personal fue provocado por un SMS que le envió Francisco Nicolás Gómez Iglesias, ‘El Pequeño Nicolás’, y una corta conversación por telefóno así como por un folio con su nombre, y muchos nombres más, junto a unos números. En ese mismo papel aparecía también Emilio Botín, el desaparecido presidente el Banco Santander.
El folio fue encontrado durante un registro en el domicilio del “Pequeño Nicolás” realizado por la Policía Nacional. Lo que indujo a pensar a los investigadores que se referían a dinero, sin que haya nada que pruebe dicho extremo.
De ahí la acusación de cohecho. García Grande lleva ocho años diciendo lo mismo: “Jamás he recibido nada de Francisco Nicolás. ¿Que por qué tiene un listado con nombres y números en su poder? Eso habría que preguntárselo al señor Gómez Iglesias”, le contestó en febrero de 2015 al instructor de la causa, el juez Arturo Zamarriego, quien fuera titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid.
García Grande explicó entonces su relación con el joven: «Conocí a Francisco Nicolás Gómez Iglesias en la sede del Partido Popular de mi distrito, en Chamartín. Su madre era afiliada al partido y él, aunque no lo era, estaba mucho por allí. Nuestra relación era cordial porque el joven tiene un don de gentes, es obvio”.
El informe elaborado por los investigadores de Asuntos Internos de la Policía concluía que Emilio García Grande había facilitado datos sobre matrículas a Francisco Nicolás Gómez Iglesias el 29 de septiembre de 2014.
Sobre esta afirmación se sustenta la acusación del supuesto delito de revelación de secretos de la Fiscalía.
«Eso es completamente falso», le dijo García Grande al juez, durante el interrogatorio.
«No es cierto. Jamás facilité datos sobre matrículas a Gómez Nicolás. Y se lo voy a explicar con detalle: una tarde el joven me envió una serie de mensajes por SMS a mi móvil. Me dijo que pensaba que había un vehículo de la contravigilancia, de la Policía Municipal de Madrid, que lo estaba siguiendo. Estaba muy preocupado. Me envió la matrícula. Yo era el responsable de la Policía Municipal y podía ser que alguno de los nuestros tuviera algo que ver, así que hablé con un agente y le pedí que comprobara si la matrícula era nuestra. Me dijo que no. Yo llamé a Gómez Nicolás y le dije, literalmente: ‘el vehículo no es de los nuestros’. Y ahí se acabó todo. Esa fue toda la información que salió de mis labios. No hubo matrículas, ni vehículos, en plural, ni nada por el estilo».
La contravigilancia a la que se refirió García Grande era la unidad de policía que se dedicaba a ir a sitios donde la alcaldesa, o los concejales, pudieran asistir.
García Grande añadió que para esa gestión se puso en contacto con el cabo Jorge Hormigos, que estaba precisamente en ese servicio desde el que se articulan las contravigilancias del Ayuntamiento y que éste fue el que le dijo que el vehículo no era del Consistorio.
Cuando salió el nombre de Hormigos -que, según consta en el sumario, es amigo de Francisco Nicolás [fue la persona que condujo el vehículo de Ribadeo, Galicia, el hecho que comenzó el caso]-, el juez Zamarriego le espetó con seguridad: «Hormigos era el jefe de seguridad de Cibeles».
A ésto, el excoordinador respondió de forma tajante: «Hormigos no era jefe de nada. ¿De dónde saca su señoría esa información? No es cierto».
El caso comenzó a investigarse en 2014. Han pasado 9 años. Una dilación en el tiempo que, a todos los efectos, solo puede calificarse con una palabra: inaceptable.
“Nueve años de banquillo público han sido una tortura. Que por fin se vaya a celebrar el juicio es un alivio. Porque soy inocente y estoy seguro de que el tribunal también lo verá así. Pero estos nueve años no se los deseo ni a mi peor enemigo”, concluye Emilio García Grande.
