De Izquierda a derecha: Purificación Sáez (SISEJ), María de las Heras (UPF), Marcelo Belgrado (ICAM), Ignacio González (JpD), Raimundo García de Dios (JpD) y Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid. (Confilegal)
Abogados, jueces, fiscales y letrados de la Administración denuncian el acuerdo entre la UE y Turquía sobre los refugiados
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11/3/2016 07:01
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Actualizado: 12/4/2022 13:37
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Representantes de Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales, el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, la Asociación Libre de Abogadas y Abogados y el Colegio de Abogados de Madrid han denunciado la ilegalidad del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía sobre los refugiados, al que no han dudado de calificar de «inadmisible».
En un encuentro celebrado en el Ayuntamiento de Madrid, y que contó con la presencia, como anfitriona, de la alcaldesa Manuela Carmena, los representantes de los distintos colectivos jurídicos insistieron en la necesidad de cumplir con los acuerdos firmados y en respetar los derechos fundamentales de los refugiados recogidos en la Convención de Ginebra y en la Ley de Asilo.
Carmena afirmó que aunque los inmigrantes que España se comprometió a acoger no han llegado, «sí ha llegado el termómetro de la solidaridad madrileña. Ha habido una gran cantidad de personas ofreciendo dinero, ofreciendo sus casas o entregando cantidad de ropa».
Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid
Y constató que a España llegan algunos refugiados que han optado por no pasar por Europa y hacen el recorrido por el norte de África. Llegan vía Ceuta y Melilla donde el gobierno español les da la tarjeta de refugiados y llegan a Madrid pero no quieren quedarse. Cogen autobuses a otros países como Austria o Alemanía». «Aquí pasan una o dos noches donde el Ayuntamiento les facilita asistencia y abrigo», aseguró la Alcaldesa.
Tras la bienvenida, y en una mesa redonda moderada por el magistrado Ignacio González, de Jueces para la Democracia (JpD), se pudo constatar a través de las distintas ponencias que, por desgracia, “no hay derechos en las fronteras”, como aseguró el propio González.
Ignacio González, magistrado de Jueces para la Democracia (JpD)
Quién incidió en que recientemente jueces y fiscales progresistas han firmado un acuerdo reclamando que, “en cumplimiento de la legalidad internacional, no se ratifique el pacto avanzado hasta el momento entre la UE y Turquía”, porque “supone el abandono por parte de la Unión Europea de la legalidad internacional”. Un acuerdo que también suscribirá el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ).
Ignacio González ha criticado el citado acuerdo y ha insistido en que “es llamativo el preacuerdo suscrito entre la Unión Europea y Turquía, un país que no respeta derechos de sus ciudadanos”.
Purificación Sáez, representante del SISEJ.
Por su parte, la representante del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ), Purificación Sáez, afirmó que «cada vez las normas se vulneran más y con mayor impunidad», porque “vivimos en una Europa egoísta que contraviene el derecho internacional”.
Recordó que «la esperanza de todos estos migrantes se ven claramente frustradas cuando llegan a nuestras fronteras«, «cada vez se produce una mayor minoración de los derechos que tienen reconocidos. Se vulneran los derechos de las personas que huyen de la pobreza como de las que escapan de los conflictos bélicos, como ocurre ahora con el conflicto de Siria».
Sáez también denunció “la precaria situación de las mujeres migrantes, que sufren además violencia de género”. «Una violencia de género que se produce tanto en el tránsito como en los lugares a los que llegan». Incluso «son violentadas por sus propios compañeros de viaje o los guardias de seguridad en los campos de acogidas«, puntualizó.
Sáez también quiso hacer un llamamiento concreto a la exclusión de los inmigrantes irregulares de la sanidad pública y a la existencia de los CIE, «en los que se sufre una violación de los derechos más dramática que la que se da en las cárceles».
María de las Heras, Unión Progresista de Fiscales (UPF)
María de las Heras, fiscal de la Unidad de Cooperación Internacional y miembro de la Unión de Fiscales Progresistas (UPF), aseguró que con el acuerdo entre la UE y Turquía “se generalizan expulsiones colectivas, expresamente prohibidas en el artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión sin respetar el derecho a la solicitud de asilo”.
Y recordó que “el artículo 78 del Tratado de Funcionamiento de la UE obliga a la unión a tener una política de asilo común que garantice la protección internacionales de todo nacional de un tercer país sometido a persecución y respete el principio de no devolución de conformidad con la Convención de Ginebra”, algo que «no cuadra con el acuerdo», puntualizó.
De las Heras afirmó que «la Unión Europea ha demostrado una falta absoluta de capacidad para gestión de esta crisis, que ha terminado con el acuerdo con Turquía».
Y esto se debe a que “el tema de los refugiados no es una prioridad política en la agenda de la Unión Europea”. «No hay ninguna voluntad de cumplir ninguno de los principios que están asentados en esa normativa internacional». La fiscal recordó que “según Naciones Unidas los refugiados son una responsabilidad internacional”.
Ramiro García de Dios, magistrado de JpD.
Uno de los más contundentes en sus manifestaciones fue el magistrado Ramiro García de Dios, que aseguró que «debemos estar en la lucha por los derechos». Y denunció que “la Unión Europea está actuando criminalmente e inmoralmente en el tema de los refugiados”.
Incluso fue algo más allá al indicar que el preacuerdo firmado por la UE y Turquía supone «como mínimo un acto de prevaricación por resolución manifiestamente injusta de los sujetos que dictan esa resolución». Sin embargo, también aseguro que «me temo que el Tribunal de Luxemburgo jamás dictaría una resolución en ese sentido».
Como juez de control del Centro de Internamiento de Aluche en Madrid, abordó la situación de los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros), en los que se interna a cientos de inmigrantes y de los que han surgido multitud de denuncias. En este sentido, García de Dios señaló que «los CIES pueden definirse como centros de sufrimiento y espacios de arbitrariedad e impunidad policial».
Y aprovechó su intervención para criticar lo «difícil» que resulta incluso para él (uno de los tres jueces que controlan el CIE de Aluche) acceder a estos centros, ante la desconfianza del sector policial a ser controlado.
Elena Vázquez, abogada de ALA, experta en derecho de extranjería.
Elena Vázquez, representante de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) y experta en derecho de extranjería, destacó que “La Unión Europea está privatizando la gestiones de las migraciones a cambio de dinero”. Señaló que “el dinero es más importante que el ser humano”, y quizás por ello «estamos viviendo un grado de deshumanización del que nos arrepentiremos». La situación actual de los refugiados «es inhumana e ilegal».
Vazquez aseguró que «la crisis de los refugiados no ha llegado a Europa, los refugiados están en el Líbano, en Irak, en Turquía…allí sí tienen una verdadera crisis».
Y recordó que “No estamos hablando de ser solidarios, sino de cumplir con los derechos con los que nos hemos comprometido”. Vázquez concluyó su intervención preguntándose “Quién está a salvo si los gobernantes venden nuestros derechos”.
Marcelo Belgrano, del ICAM
Según Marcelo Belgrano, Coordinador del Servicio de Orientación Jurídica Extranjeros del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), aseguró que «los acontecimientos nos están demostrando que en las fronteras no hay derechos».
«A los refugiados nos les estamos dando nada, no les estamos dando caridad, tenemos que darles trato humanitario. Les estamos reconociendo un derecho a ser refugiado, de acuerdo con la propia Convención de Ginebra y la Ley de Asilo».
Belgrano quiso señalar que “de los 17.000 refugiados que iba a recibir España han llegado solo 18”.
En el posterior debate se planteó la posibilidad de cambiar la Convención de Ginebra, pero los ponentes se mostraron contrarios por el temor de que los dirigentes europeos puedan restringir, aún más, los derechos de los refugiados. «lo que hay que hacer es cumplir lo que allí se estableció«, aseguraron.
Al encuentro, en el que se pretendía concienciar a la sociedad española de los problemas que sufren los refugiados, asistieron unas 150 personas entre las que se encontraban magistrados, fiscales, abogados, así como representantes de la sociedad civil.
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