Vanessa González Fornas, candidata a la Presidencia del CGAE: «Quiero ser presidenta para dar voto a todos los colegiados»
Vanessa González Fornas es presidenta de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno, en Barcelona.

Vanessa González Fornas, candidata a la Presidencia del CGAE: «Quiero ser presidenta para dar voto a todos los colegiados»

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31/12/2015 06:45
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Actualizado: 07/3/2016 11:53
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Es la quinta candidata en la carrera por la Presidencia del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Vanessa González Fornas tiene experiencia en esto de las elecciones. En 2013 se presentó a candidata a decana al Colegio de Abogados de Barcelona. Irrumpe con un programa rompedor, según explica en esta entrevista.

Vanessa González Fornas ejerce la abogacía en Barcelona desde 2004. Es presidenta de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno, desde su constitución, en 2007. Está adscrita a los los turnos de oficio de Penal, Extranjería, Menores y Violencia Doméstica en Barcelona.

Es consciente de que tiene pocas posibilidades, pero estas elecciones suponen una plataforma importante para dejarse oir en nombre de muchos compañeros abogados que, en toda España, verían con buenos ojos que el presidente del CGAE pudiera ser votado por todos los abogados colegiados, además de los 83 decanos, los únicos con derecho a voto hoy por hoy.

La candidata explica su visión de los cambios que habría que hacer, de una forma clara y rotunda.

Las elecciones son el próximo 14 de enero.

¿Por qué quiere ser presidenta?, ¿qué es lo que le ha movido a dar el paso a presentarse a las elecciones?

Me presento porque deseo la transformación del Consejo General de la Abogacía Española, el máximo órgano de representación de los abogados, en una institución totalmente transparente y democrática. Un Consejo por y para todas las personas colegiadas.

Ellas son las únicas que sustentan con su esfuerzo los 83 Colegios de Abogados de España, el CGAE y los diecisiete Consejos Autonómicos existentes.

Decidí presentar mi candidatura cuando me tuve que enterar por la prensa de que se habían convocado elecciones a la presidencia del CGAE, en lugar de enterarme por mi colegio de abogados, el ICAB. Como en Derecho procede. Y observar que ni siquiera se ha cumplido con el mínimo de publicar la convocatoria en el tablón de anuncios del colegio.

Me sentí una persona sin derechos, ya que los colegiados no tenemos derecho a votar, sólo votan los decanos.

Me sentí tan decepcionada y tan mal que decidí luchar por mis derechos y por los de todas las personas colegiadas que se encuentran en la misma circunstancia que yo.

No tenemos derecho a elegir a quienes nos deben representar, pero podemos presentarnos como candidatos en una convocatoria, como esta, que ni siquiera se difunde entre los colegiados.

Es el acto de mayor relevancia para la abogacía y no estamos invitados los abogados.

Entendí que, como sucede por desgracia en mi colegio, los colegiados sólo contamos para pagar e imponernos obligaciones pero somos personas sin derechos. No contamos y no importamos.

Me pregunto, si no nos defendemos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a defender los derechos otros?

Por ello decidí presentar mi candidatura. Como acto de rebeldía. Para luchar por mis derechos. Quiero votar a quienes me representan.

Ante este escenario, no es de extrañar que la desafección colegial sea nuestro mayor problema. Considero que opiniones como la de Nazario de Oleaga, ex decano del Colegio de abogados de Vizcaya no son en absoluto minoritarias cuando decía que “La mayoría de colegios son organizaciones realmente inútiles”.

De Oleaga tacha abiertamente de reaccionaria y conservadora a la Abogacía.

Durante diez años fue decano. Dos meses antes de terminar su segundo y último mandato, declaró que los colegios habían hecho muy mal las cosas: “La mayoría de instituciones no defienden los intereses de los ciudadanos ni de los abogados sino la permanencia de sus decanos, sus juntas de gobierno y sus privilegios”.

Es una cuestión de dignidad cambiar algo que obviamente no funciona, no porque sea inútil -todo lo contrario, los Colegios de Abogados son absolutamente necesarios y a la Abogacía le ha costado grandes esfuerzos y sacrificios organizarse de la forma que lo ha hecho-, sino porque es de justicia luchar para que sirvan a su fin: la defensa de los Abogacía y del derecho de defensa de la ciudadanía.

Quiero ser presidenta del CGAE para impulsar la reforma del Estatuto de la Abogacía Española y dar derecho a voto a todos los colegiados de España.

Si yo fuera presidenta y viese aprobada esa reforma, convocaría elecciones inmediatamente, para que todos los colegiados de España pudiesen votar en sus colegios de abogados a todos y cada uno de los miembros del consejo.

Si nosotros fuéramos dos de los 83 decanos, ¿cómo trataría de convencernos de que le votáramos, de que usted es la mejor candidata?

Les pediría que votasen pensando en todos aquellos colegiados que no pueden votar. Pensando en un Consejo que se reestructure y que funcione de forma democrática. Pensando en esos abogados de oficio que merecen un Consejo, al igual que el francés, que sea capaz de organizar una huelga de abogados de oficio, que pueda movilizarse en defensa del Estado social y democrático de derecho, que está prácticamente aniquilado.

Les pediría que me votasen pensando en que la Abogacía Española necesita una defensa beligerante. Que no se base en fotografías de reuniones con políticos. Que se base en hechos y no en palabras. Y, sobre todo, que deje de ser políticamente correcto y donde se fomente el debate entre los abogados y nuestros representantes políticos en materia Justicia, sin temor a la polémica.

Les pediría que pensasen que la Abogacía Española no habría sido líder en la defensa y conquista de los derechos sociales de nuestra democracia si no hubiera estado inspirada en el espíritu del Congreso de León de 1960. Eso tiene que recuperarse.

Les pediría que me votasen porque hoy ya no toca una Abogacía al servicio de la clase política que intente callar las voces críticas. Ahora es el momento de luchar, de enfrentarse, de no callarse y de pelear con fiereza por ese Estado social y de derecho, por la unidad de España y por los derechos de todos los españoles.

Algo que parece haber olvidado mi decano, Oriol Rusca, que tiene un batalla judicial pendiente conmigo, y otros compañeros por haberse adherido al pacto nacional por el derecho a decidir en Cataluña.

Ha tomado esa decisión en nombre de todos nosotros, sin que hayamos sido consultados, involucrando al Colegio de Abogados de Barcelona, sin respetar la libertad de pensamiento, la pluralidad y la ideología de todos nosotros, los colegiados.

Les pediría que me votasen para que no consientan que ningún decano nos imponga sus ideales políticos, que separe a España de los catalanes que somos españoles y que queremos seguir siéndolo y para que no involucren al Colegio en asuntos políticos.

En este sentido, el CGAE debe mostrarse como un firme defensor de la legalidad, también en Cataluña. Especialmente en Cataluña.

Les pediría que me votasen para que e CGAE se manifestase a favor del respeto a las leyes y a los tribunales, especialmente a la Constitución Española. Y les aseguraría que si hay un proceso de reforma constituyente el CGAE aportaría su importante experiencia jurídica y se involucraría en ella desde el principio, como motor de cambio y modernidad.

Les pediría que me votasen porque creo necesaria la transparencia en la gestión económica del CGAE. Los colegiados y los Colegios de Abogados hacen grandes esfuerzos por sustentar el Consejo con sus aportaciones. Todos los abogados españoles España merecen un presidente que no vaya en coche oficial, que viaje en transporte público y que cobre unas dietas razonables, dietas que deben ser públicas y estar a disposición de todos los colegiados de España.

Les pediría que me votasen, por último, para acabar con todos los gastos superfluos y para abrir el CGAE a todos los abogados de España.

¿Qué tipo de modelo de funcionamiento adoptaría? ¿Seguiría con el actual?

Creo que hay fomentar un sistema asambleario y dar más competencias a la voluntad asamblearia. No hay que temer a la democracia y desde luego hay que implantar un funcionamiento de democracia real y directa.

Es absolutamente imprescindible una reforma por la que se conceda derechos que ahora no tienen a las personas colegiadas.

Lo primero cambiar el sistema de elección de los representantes de la Abogacía Española por un sistema democrático en el que cada abogado tuviese derecho a voto.

También considero que es necesario acercar el Consejo a los Colegios de Abogados y que es necesario que aunque los plenos, por una cuestión de pragmatismo se celebren en la sede del CGAE, en Madrid, el consejo vaya realizando asambleas abiertas en los distintos colegios de abogado. Simplemente para escuchar a los colegiados y llevar sus propuestas al debate en el pleno del Consejo.

Un pleno que debe ser abierto a todos los colegiados.

¿Se puede asistir a un pleno de un Ayuntamiento y no se puede asistir a un pleno del consejo?

Creo que los abogados de España merecemos un consejo abierto a todos los abogados.

Si no es así, ¿cuál implementaría?

Es fundamental que los plenos sean abiertos y, por supuesto, que los acuerdos del pleno sean públicos. Porque hasta la fecha son absolutamente opacos.

Los colegiados somos personas sin derechos. No tenemos voz y voto en un nuestra propia casa. Eso tiene cambiar radicalmente.

De todos los desafíos a los que el CGAE tiene que hacer frente en los próximos cinco años, ¿cuál es el que más le preocupa?

La Ley de Servicios Profesionales es el mayor desafío que debe enfrentar el CGAE.

Con tan alto índice de desafección colegial, y siendo opiniones como la de Nazareo de Oleaga numerosas, los Colegios de Abogados o se transforman en instituciones democráticas reales, al ciento por ciento, y se ponen del lado de los colegiados -defendiendo belígeramente a sus colegiados-, o si sucede, como el caso de Barcelona, en el que la Junta de Gobierno está siempre del lado del Departament de Justicia de la Generalitat de Cataluña, la colegiación terminara por no ser obligatoria y los colegios perderán peso, poder, estructura; muchos de los pequeños podrían incluso desaparecer.

Pero no son menos importantes los retos derivados de la reforma del Código Penal y la futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Tras la reforma del Código Penal, al no ser preceptiva la asistencia letrada para delitos leves –hasta penas de cinco años de prisión-, quienes carezcan de recursos para litigar podrán ser castigados con penas de prisión.

Y, sin lugar a dudas, la sombra de la privatización del turno de oficio que de forma indirecta nos sigue acechando no es menos importante.

Sin olvidar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la ley del punto de final es fundamental para todos los españoles,

Pero sin lugar a dudas, el gran reto que deberá afrontar el CGAE es una posible reforma constitucional. Para lograr que en España, cuando se vulneren derechos fundamentales, eso se pague. Y a quienes se vulneren sus derechos fundamentales se le indemnice. Que no seamos un país tercermundista, donde violar derechos fundamentales salga gratis depende en gran parte de lo que diga la Abogacía Española.

Creo que ese debe ser el mayor reto al que el CGAE debe enfrentarse.

¿Y cuál es su solución para hacerle frente con éxito?

Transformar los Colegios Profesionales en el apoyo imprescindible para todas las personas. Que ni un solo colegiado sienta que su Colegio no le representa, que no le defiende.

Hay que respetar la democracia, los derechos de los colegiados y defender la Abogacía. Sin eso no podemos luchar por nuestro Estado de Derecho, no podemos luchar porque nuestro país se convierta en un país número uno en Justicia y que no nos pasen por encima países subdesarrollados.

Tenemos que participar con nuestra experiencia en la reforma de la constitución, lograr la recuperación de los derechos sociales perdidos y el nacimiento de nuevos derechos sociales.

¿Cómo se le puede dar la vuelta al problema que ustedes, los abogados, tienen con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia?

Yo creo que debe imperar el sentido común, eliminando la incompatibilidad de adscribirse al turno de oficio en distintos colegios profesionales, siempre y cuando se tenga residencia en la localidad donde se ejerza.

Para llegar a un término medio es necesario dialogar con la Administración y con el Gobierno con e fin de solventar este problema, porque los colegiados no podemos estar pagando sanciones millonarias a los Colegios de Abogados.

¿La futura modificación de la Ley de Planta y Demarcación le preocupa?

Por supuesto, la eliminación de órganos judiciales y la carencia de medios humanos y materiales es algo que no podemos consentir.

El Consejo General de la Abogacía debería hacer una campaña, informando que un juicio de despido en Barcelona puede tardar más de un año en señalarse, mientras que puede señalarse un desahucio en dos meses.

Esto puede agravarse con una ley de demarcación y planta que, en definitiva, elimina órganos judiciales y aleja la justicia del ciudadano.

¿Cómo tiene que ser el nuevo modelo del turno de oficio?

En mi opinión, debe dejar de cuestionarse el modelo del turno de oficio.

A lo largo de nuestra historia, los españoles han disfrutado de una justicia gratuita de lujo a costa del bolsillo de los abogados.

Se ha pretendido la privatización del servicio del turno de oficio, impulsada en parte por sectores de la abogacía, que, como la comisión de defensa del ICAB, vendieron sus ideas privatizadoras a la Administración.

Eso no puede tolerare por más tiempo. Ningún representante de los abogados de oficio, ni miembros de comisiones tiene derecho a negociar ninguna reforma, como sucede en la actualidad, en que la reforma del turno de oficio lleva tiempo cocinándose a espaldas de los colegiados que no hacen más que sacrificarse porque el servicio del turno de oficio sea una realidad los 365 días del año.

El Consejo General de la Abogacía Española no puede negociar algo que nace de la voluntad de todos los abogados de España.

Es necesario que se convoque una gran asamblea de abogados del turno de oficio y que todos los abogados adscritos al mismo puedan hacer sus propuestas de mejora, y que se debatan por todos los abogados las propuestas que el consejo ha de presentar al ministerio de justicia en nombre de todos los abogados.

Obviamente tenemos que defender que los colegios de abogados deben ser los únicos proveedores de la asistencia jurídica gratuita y debe prohibirse expresamente el asesoramiento gratuito por parte de cualquier otra institución para garantizar el derecho de defensa de la ciudadanía.

¿Es esencial que exista un único baremo para el turno de oficio en toda España?

Por supuesto. Debe quitarse a la administración el monopolio de negociar las retribuciones que quiera para los abogados de oficio. Y debe reconocerse y garantizarse el derecho de los abogados a cobrar todas sus actuaciones profesionales, de acuerdo a unos baremos iguales, dignos y equitativos, a la responsabilidad que asuman, para todos los abogados de España.

Es indigno que un abogado que tiene una altísima responsabilidad civil, acabe pagando por trabajar.

Es necesario como en Francia que se convoque una huelga de abogados de oficio hasta que se reconozcan y garanticen retribuciones dignas para todos los abogados de oficio.

¿Seguiría usted dando la batalla para que se supriman las tasas para las pymes y las ongs?

Las tasas para pymes y asociaciones sin ánimo de lucro deben suprimirse. La Justicia es un servicio público que no debe gravarse de esta injusta y disuasoria forma. No debe penalizarse a quien tiene la necesidad de pleitar. Pero es más, las tasas judiciales las sigue pagando el ciudadano cuando es condenado en costas, por lo que se sigue disuadiendo a los ciudadanos con las tasas judiciales a personas jurídicas.

Y lo más importante es que el Ministerio de Justicia, que en su momento dijo que estaba obligado a destinar lo recaudado por las tasas judiciales que se crearon para financiar la justicia gratuita, devuelva todo lo recaudado.

Que se proceda a la devolución de lo indebidamente recaudado y a resarcir los derechos de que quienes han sido víctimas de unas indignas y disuasorias tasas judiciales.

El puesto de presidente del CGAE no está remunerado. Es decir, usted, de ser elegida, trabajaría “de gratis”. ¿Qué tipo de compensación, no monetaria, obtendría usted a cambio?

Propongo hacer públicas todas las dietas, y viajar en transporte público. Propongo la eliminación de todas las dietas que sean suntuosas y entiendo que no debe haber compensaciones, ni monetarias ni no monetarias, puesto que el cargo no es remunerado.

Existen voces, entre los abogados de base, que piden paso, que querrían votar al nuevo presidente o presidenta del CGAE por voto secreto y directo. ‘Si puedo estar presente, ¿por qué tengo que estar representado?’, se preguntan. ¿Qué opina usted?

Lo comprendo perfectamente, porque precisamente. Este es el motivo por el que he presentado mi candidatura. Pretendo la reforma del Estatuto de la Abogacía Española y que cada abogado tenga derecho a voto. El voto, por supuesto, tiene que ser secreto porque el sistema actual no es democrático ni propio de un país desarrollado.

¿Potenciaría usted un canal de comunicación directo con los abogados, además del que tendría con los decanos, de ser nombrado presidenta?

Desde luego, es fundamental que el Consejo se acerque a los colegiados y que los colegiados y sus representantes no vayan por caminos distintos.

Es fundamental que se haga una “Presidencia abierta” en distintos colegios de forma periódica, para fomentar esa comunicación.

En los últimos años el CGAE ha implementado un ambicioso sistema informático, fundamental para la viabilidad del futuro expediente digital. ¿Qué nota le daría a Lexnet Abogacía?

Sinceramente le doy un gran suspenso porque su creador no ha luchado porque los abogados tengamos la posibilidad de tener el derecho de comunicar durante nuestros periodos vacacionales o de incapacidad por enfermedad, como sucede en otros países.

Por otra parte, creo que es absurdo y, un fracaso, que tengan que existir plataformas distintas en las Comunidades Autónomas para presentar escritos. Es necesario que el Estado unifique las plataformas. No puede ser que tengamos distintas formas de comunicarnos.

Si se trata de caminar hacia una justicia sin papel, los abogados no deberíamos estar obligados a llevar copias en papel, puesto que duplica nuestro trabajo.

Creo que en este, como en otros temas, nuestros representantes nos ponen al servicio de los políticos, sin defender en lo más mínimo nuestros intereses.

También falla la formación, es necesaria más formación y gratuita y la ayuda técnica a todos los colegiados.

Los diferentes colegios están prestando una especial atención a los abogados jóvenes. ¿Qué puede hacer el CGAE que no haya hecho ya por ellos?

La abogacía joven en estos momentos lo que necesita es que se rebaje el precio de los masters de acceso a la Abogacía, que son tremendamente caros y, desde luego no acordes a la realidad económica de nuestro país. Sobre todo que no se pongan obstáculos a los abogados que intentan acceder al turno de oficio. Es necesario que la formación para todos los abogados sea accesible y su coste no sea a precio de oro, sólo para las clases altas.

Por otra parte, hay que garantizar el acceso a la profesión y que los exámenes de acceso puedan hacerse sin problemas en todos los colegios profesionales y que sean pruebas justas y no trabas elitistas para impedir el acceso a la profesión.

¿Qué le parece que las asociaciones de jueces pidan a la clase política un pacto de estado por la justicia?, ¿Se sumarían ustedes a esa iniciativa, teniendo en cuenta que el barómetro ciudadano que ustedes encargaron a Metroscopia decía lo mismo?

Es la única esperanza que nos queda en estos momentos, por supuesto me sumaria la Justicia debe garantizarse con independencia de quien gobierne, sin Justicia no tenemos nada, ese pacto por la Justicia

¿Se atrevería a decir qué ha hecho bien el ministro saliente durante el último año y qué no debería haber hecho, porque ha perjudicado a los abogados?

En mi opinión lo mejor que ha hecho es dejar parada la indigna reforma de la ley de Asistencia Jurídica Gratuita, aunque lo hubiese hecho mejor si hubiese retirado el proyecto tal como se aprobó.

Por último, ustedes son 5 candidatos, 3 hombres y 2 mujeres. El hecho de ser mujeres, ¿representa una ventaja para ustedes?

En mi caso desde luego no. No me presento para que me elijan por ser mujer sino para defender mis derechos y los de los colegiados sin derecho a voto. No es cuestión de sexo porque ni los abogadas ni los abogados tenemos derechos.

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