La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que integran jueces, fiscales, abogados y juristas, ha presentado una denuncia ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados en la que señalan que los procedimientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el nombramiento de los jueces «no cumplen con los estándares mínimos contra la discriminación por motivos políticos».
Según Manuel Ruíz de Lara, portavoz nacional de la Plataforma, «el CGPJ depende por completo de los partidos políticos; y la regulación al respecto (Reglamento 1/2010), dictada por el mismo Consejo, es demasiado imprecisa para evitar decisiones arbitrarias».
Recuerdan asimismo que esta Plataforma ha emitido varios informes en los que se analizan los nombramientos de cargos judiciales de alto y cuyas conclusiones son «la falta de suficientes garantías legales y la necesidad de una reforma urgente de los actuales estatutos de ese asignatura», aseguran.
Ruíz de Lara asegura que «el sistema de transparencia diseñado por el Consejo General del Poder Judicial (comparecencias publicas y publicación de CV) no garantiza el libre acceso de cualquier aspirante a las convocatorias. La filiación asociativa de los jueces que componen la cuota judicial del Consejo, les permite asegurar los nombramientos de sus afiliados, sin que ello figure públicamente».
Desde la Plataforma señalan que «la arbitrariedad en los nombramientos judiciales del CGPJ, no se circunscribe a Presidencias de Audiencias Provinciales. Sino que muy al contrario, se extiende a los Tribunales Superiores de Justicia».
TERCERA DENUNCIA ANTE LA ONU
Se trata de la tercera queja que esta plataforma ha planteado ante el Relator Especial, ya que antes le ha informado sobre los fallos de la separación de poderes y sobre la situación de los jueces en prácticas.
La denuncia se une a la planteada el pasado mes de julio por dos asociaciones de jueces —Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente— y la organización defensora de los derechos y libertades civiles Rights International Spain respecto del nombramiento del nuevo Presidente de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la de Enjuiciamiento Criminal.
Sobre el primero de estos asuntos, ambas asociaciones de jueces denunciaron «indicios de injerencias del Gobierno» en la elección de Luis María Díez-Picazo como nuevo presidente de la Sala Tercera del Gobierno, y opinan que el Ejecutivo puede querer «evitar decisiones judiciales como la anulación del indulto concedido al conductor kamikaze» al principio de la legislatura.
Subrayaban que para salvaguardar la imparcialidad e independencia judicial es necesario, por un lado, que el procedimiento de nombramiento sea claro, transparente y libre de presiones e influencias; y, por otro, que los criterios de nombramiento sean objetivos y basados en la integridad y capacidad profesional.
RECOMENDACIONES DEL CONSEJO DE EUROPA
En esta misma línea, la Plataforma recuerda determinada normativa europea sobre nombramientos y recomendaciones como la del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, que ya en 2001 apuntó a las responsabilidades de los estados miembros «para hacer y asesorar sobre los nombramientos y promociones ahora deben introducir , publicar y dar efecto a criterios objetivos, con el objetivo de garantizar que la selección y la carrera de los jueces se basan en el mérito, teniendo en cuenta las calificaciones, la integridad, la capacidad y la eficiencia».
Por otra parte, según el Comité de Ministros del Consejo de Europa, las decisiones relativas a la selección y la carrera de los jueces «deben basarse en criterios objetivos y preestablecidos, y la carrera de los jueces «debería ser independiente de los poderes ejecutivo y legislativo, y al menos la mitad de sus miembros debe ser jueces elegidos por sus pares».
Por otro lado, recuerdan que el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa), en su informe de evaluación de 2013 -dedicado a España- detecta una impresión entre los jueces españoles que el poder judicial está politizado en su parte superior, a tal punto que «a veces se sabe de antemano que sería nombrado para el puesto de alto nivel de que se trate».
Desde la Plataforma, Ruiz de Lara sostiene que» es necesario un nuevo modelo que, siguiendo las recomendaciones del GRECO, garantice la seguridad jurídica de los nombramientos para que todos los jueces en condiciones de igualdad tengan la oportunidad de acceder a los altos cargos de la cúpula judicial. Con el modelo actual los altos cargos judiciales están reservados para quienes desde dentro de la carrera judicial o desde fuera, tienen influencia personal o política».
Y puntualiza que «la línea que separa la arbitrariedad de la discrecionalidad es demasiado delgada y no sujeta a control judicial».
«Esperamos su pronta respuesta, dada la amenaza inminente a los derechos civiles en España», concluye la misiva de la Plataforma, que en este documento anuncia que está trabajando en la elaboración de un reglamento que permita mejorar esta función del CGPJ.
