Las asociaciones de jueces y fiscales ven en un contexto de normalidad dentro del ámbito judicial la decisión de la Audiencia de Palma de que la infanta Cristina siga en el banquillo de los acusados del juicio del caso Nóos al no aplicarle la doctrina Botín.
La Audiencia Provincial de Palma, en un auto donde resuelve las cuestiones previas, ha decidido que la Infanta Cristina siga como acusada y sea juzgada en este caso al legitimar al sindicato Manos Limpias para ejercer la acusación popular en su contra como supuesta cooperadora en dos delitos fiscales presuntamente cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin.
En declaraciones a Confilegal el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez Padrón, ha pedido respeto a esta decisión judicial que se dicta en un contexto de normalidad procesal».
«Se trata de una decisión que resuelve el planteamiento de cuestiones previas, no prejuzga en absoluto nada entorno a la culpabilidad y solo determina el enjuiciamiento de una persona acusada». Y ha puntualizado que «será en la sentencia después de la valoración de la prueba cuando tenga la sala que pronunciarse entorno a la acusación que se dirige contra la Infanta sobre la posible autoría de delito»
Eso sí, Rodríguez Padrón, «Respeto a las decisiones judiciales sin perjuicio de las criticas que puedan merecer. Sin que en ningún caso resulten admisible las descalificaciones a los magistrados».
Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquím Bosch, ha comentado que «es una decisión razonable porque el delito contra la Hacienda Pública en cuestión afecta a bienes colectivos, por lo que en este caso es suficiente la acusación popular».
Ha añadido de que en caso contrario se estaría en un supuesto poco defendible de que el juez instructor vea indicios de delito pero que no haya juicio porque la Fiscalía no acuse.
Bosch ha comentado que precisamente «para estos supuestos es para lo que se creó la acusación popular». Y ha resaltado que la decisión no del Tribunal «no es discriminada pues la doctrina Botín la marcó una única sentencia que luego fue matizada por otras en las que el Tribunal Supremo señaló que en supuestos en los que hay bienes de titularidad colectiva la acusación popular es suficiente para juzgar».
Además, el portavoz de JpD «ha señalado que así lo han entendido el juez instructor de la causa, José Castro, los tres magistrados de la Sala que resolvió recursos durante la fase de instrucción y ahora las tres que componen la Sala de enjuiciamiento».
Por su parte, Raimundo Prado Bernabeu, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ha mostrado su convencimiento «en que la Sala ha resuelto de forma motivada de acuerdo a las normas y a la jurisprudencia» y «ha pedido respeto a esta decisión judicial, por lógica y por coherencia». Además, ha señalado que desde su asociación siempre «respetan las decisiones judiciales, como no podía ser de otra forma».
El presidente de Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, ha comentado que no le sorprende esta resolución ya que la doctrina Botín fue creada para un caso específico y difícilmente puede extrapolarse a supuestos distintos.
Ha recordado que dos sentencias del Tribunal Supremo, la de los casos de Ibarretxe y Atutxa, «precisaron mucho» la doctrina Botín por lo que cree que la solución de la Sala es la más sensata.
Para Gallardo «lo anómalo es el empecinamiento del fiscal de hacer una defensa a ultranza» de la infanta, ya que «una cosa es no acusar y otra pelearse con otras acusaciones» y ha mostrado su sorpresa por el hecho de que la abogada del Estado dijera en el juicio que el lema «Hacienda somos todos» estaba concebido sólo para el ámbito publicitario.
El portavoz de la Asociación de Fiscales, Emilio Frías, se ha limitado a mostrar su «máximo respeto» a la decisión.
Por su parte, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García Ortiz, ha comentado que es «una decisión respetable que demuestra que la Fiscalía platea unas tesis pero que los tribunales toman sus propias decisiones dentro de la normalidad».
En el mismo sentido se ha expresado el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Salvador Viada, quien ha asegurado que es «una decisión legalmente posible» dictada con independencia y ha pedido «que la justicia siga su curso con confianza absoluta».
