Es la segunda vez en lo que va de mes. Y en dos meses, puede haber otra más. Esta vez, el Alto Tribunal ha anulado la decisión de la Presidencia del Tribunal de Cuentas de dejar desierto un puesto de trabajo –el de subdirector técnico en el Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento- porque ninguno de los dieciséis solicitantes reunían las condiciones de idoneidad y confianza necesarias.
Dicho puesto –de libre designación- había sido convocado pensando en Agustín Pérez–Cruz Martín-, catedrático de Universidad de Derecho Procesal de A Coruña, quien, entre 2012 y 2013, ocupó provisionalmente ese puesto, dependiendo del consejero José Manuel Suárez Robledano.
Suárez Robledano y Pérez-Cruz Martín son coautores del libro “Independencia Judicial y Consejos de la Judicatura y Magistratura”, publicado en 2015 por Atelier Libros Jurídicos.
De acuerdo con la norma legal establecida, Pérez-Cruz Martín podía ocupar ese puesto –de libre designación- en comisión de servicio, por el periodo máximo de un año, a cuyo término el Tribunal de Cuentas tenía que convocarlo públicamente.
Y así se hizo en el Boletín Oficial del Estado de 16 de octubre de 2013: “Número de orden: 15. Puesto de trabajo: Subdirector Técnico. Número de puestos: 1. Nivel: 30. Complemento específico: 48.775,02 euros. Subgrupo: A1. Cuerpos: C.L.T.C. y C.S.A.P. Titulación: Licenciado en Derecho. Formación específica: Experiencia en emisión de informes, propuestas y consultas de carácter jurídico. Experiencia en desempeño depuesto similar”.
El problema fue que Pérez-Cruz Martín no lo solicitó.
Sí lo hicieron 16 personas, tres de ellas personal del propio Tribunal de Cuentas.
DE 16, NINGUNA
Ninguna de esas candidaturas cumplía los requisitos, según la Presidencia del Tribunal de Cuentas, y el puesto se declaró desierto.
La decisión fue recurrida ante el Tribunal Supremo por la Asociación de Cuerpos Superiores de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas, que ha vuelto a propinar otro fuerte varapalo a éste órgano constitucional.
“Decir que de los dieciséis solicitantes, todos los cuales reúnen los requisitos exigidos, ninguno reúne las condiciones de idoneidad y confianza necesarias, no es decir nada si no se añaden unas mínimas explicaciones que permitan descartar la utilización de esa fórmula al antojo de quien debe hacer la designación”, dice la sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Lucas.
“Explicaciones que deben ofrecer una concreción, aún elemental, de cuál es la idoneidad de la que se habla y de por qué ninguno de los solicitantes la posee ni es merecedor de la confianza”, añade.
El presidente del tribunal que ha dado este nuevo correctivo al Tribunal de Cuentas es el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez Picazo. Del mismo formaron parte su antecesor, José Manuel Sieira, y los magistrados Jorge Rodríguez-Zapata, Nicolás Maurandi, Celsa Pico y José Díaz Delgado.
VOLVIERON A CONVOCAR LA PLAZA
La Presidencia del Tribunal de Cuentas volvió, después, a convocar públicamente la misma plaza, a la que sí se presentó Pérez-Cruz Martín, junto a la mayor parte de los aspirantes anteriores.
En esa ocasión, Pérez-Cruz Martín resultó elegido y ocupó definitivamente el puesto de subdirector técnico en el Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento.
El nombramiento fue recurrido, igualmente, ante la misma Sala del Tribunal Supremo por la asociación mencionada, solicitando la nulidad del nombramiento.
EL ANTECEDENTE DIRECTO
El pasado 11 de febrero un tribunal de la misma Sala formado por los mismos magistrados, anuló otra convocatoria, esa de 26 de septiembre de 2013, de una plaza de subdirector técnico de la Dirección Técnica de la Presidencia que había sido pensada para Enrique Medina Guijarro, hermano del consejero Javier Medina Guijarro (PP), “número 2” de la institución y presidente de la Sección de Fiscalización.
