El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella. (Confilegal/EP)
Manos Limpias denuncia a Ana Botella por presunto fraude y prevaricación en la EMVS
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08/4/2016 12:00
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Actualizado: 08/4/2016 12:40
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Manos Limpias ha registrado una denuncia ante la Fiscalía General de Madrid contra la exalcaldesa de la capital Ana Botella por un presunto delito de fraude, prevaricación y tráfico de influencias por la venta de 18 promociones de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a el fondo de inversión Blackstone.
Según ha sabido Confilegal, la denuncia se presentó ayer, 7 de abril, y se produce tras conocerse el informe preliminar de la Cámara de Cuentas sobre la venta en 2012 y 2013 de 1.860 pisos repartidos en esas 18 promociones al grupo Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone, sin «aplicar las normas internas de contratación», «lo que afecta, directamente, a la arcas del Estado», según el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.
Bernad afirma que «es un nuevo tema de presunta corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, donde ha predominado la opacidad por encima de la transparencia». Y asegura que «con la presentación de esta denuncia no nos mueve otro fin que decir «Basta, hasta aquí hemos llegado con la corrupción», aunque «lamentamos que el Ministerio Público vaya a remolque en este tipo de asuntos».
Ante estos hechos, el colectivo ha presentado la citada denuncia ante la Fiscalía contra la alcaldesa por ser la máxima responsable de la gestión de la empresa municipal durante la operación.
Entienden desde Manos Limpias que el reglamento de adjudicación de viviendas de protección pública de la EMVS impide la venta de las mismas a entidades jurídicas que previamente no hayan quedado vacantes en los procedimientos de adjudicación.
A su vez detallan que se soslayó «capciosamente» los informes de necesidad y viabilidad técnica jurídica de la operación y se ignoró la obligación de establecer una tasación objetiva del valor de los bienes a enajenar.
La denuncia también expone, en línea con el informe preliminar de la Cámara de Cuentas, que la operación se cerró con un importe inferior (128,5 millones) al valor contable de los bienes (159,4 millones). «Estimándose que con la irrisoria adjudicación se han afectado gravemente los intereses generales, y muy en particular los de todos aquellos arrendatarios de las viviendas, a los que se ha negado la condición de interesados en el procedimiento, en contra de lo que marca la normativa y según ha refrendado la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid».
El sindicato entiende que «se hace absolutamente necesaria la investigación de estas conductas tan incontrovertiblemente dañinas para los intereses generales, los particulares de los arrendatarios y para el sentido común».
En su denuncia Manos Limpias aprecia la actuación de la EMVS en la etapa de Botella de «marcadamente irracional desde el punto de vista de la norma vigente y de la Justicia material». Por ello, cuando ha saltado la «noticia criminis», debería haber actuado de oficio la propia Fiscalía, sin necesidad de que sea, una vez más, la acusación popular la que esté instando a cumplir la legalidad vigente y ha luchar contra la corrupción», indica Bernad.
Asimismo, apuntan a que esta «venta masiva» expone a ciudadanos a un «potencial desalojo masivo», personas que son «vulnerables» y sin posibilidades de acceder al mercado libre. Según el sindicato, «los vecinos de algunas de estas viviendas han podido comprobar cómo el fondo buitre está utilizando sus hogares como garantía para pedir préstamos, avalando créditos hipotecarios con promociones de las que se llevó en la venta masiva de la empresa municipal».
Por tanto, solicitan a la Fiscalía la apertura de diligencias por un «presunto delito de Fraude del art. 436 del vigente código penal, Prevaricación del art. 404 y Tráfico de Influencias del art. 428 del mismo texto legal, por parte de la alcaldesa en esta operación, aludiendo también a la presunta relación de una empresa de que era consejero el hijo de la excalcaldesa con el fondo Blackstone y las sociedades instrumentales que han adquirido las citadas 1.890 viviendas públicas.
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