Desde 1981, un año después del nacimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se vienen presentando oficialmente las memorias del órgano de gobierno de los jueces cada mes de septiembre, coincidiendo con la apertura del nuevo año judicial.
¿Por qué? Porque así lo establece el artículo 181.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): «El Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo presentará en dicho acto la Memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los Juzgados y Tribunales de Justicia».
Y lo mismo ocurre con la memoria respectiva del Ministerio Fiscal.
Son las Memorias de ambas instituciones del año anterior, las que se presentan nueve meses más tarde.
Luego, la máxima autoridad de la Justicia tiene que acudir a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para rendir cuentas del funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces y de la Administración de Justicia, y para responder a las preguntas que quieran hacer sus señorías.
Una comparecencia que suele celebrarse entre octubre y noviembre de ese año. Es decir, el presidente va a explicar las cifras de 2012 entre octubre o noviembre de 2013, diez u once meses del año vencido.
En la última reforma a la LOPJ a nadie se le ocurrió modificar este punto, y eso que el Congreso de los Diputados ya instó al CGPJ, en el pleno del 29 de mayo de 2014, a agilizar la presentación de sus memorias ante la cámara.
Y es que aquello «cantaba la Traviata». ¡Porque el 13 de mayo se había presentado la Memoria del CGPJ de 2012!
El anterior fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, llamó la atención pública varias veces a tamaña obsolescencia.
Nadie le hizo caso.
La comparecencia de mañana de Carlos Lesmes, ante la Comisión de Justicia, es otra buena prueba de ello.
Lesmes va a las Cortes el 29 de abril de 2016 a «informar de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividad del órgano de gobierno de los jueces y de los Juzgados y Tribunales en el año 2014».
¡De la Memoria de hace dos años! Y menos mal. Porque con la disolución del Parlamento, de no celebrarse hubiera significado que Lesmes habría tenido que presentar la mencionada memoria, como pronto, en enero o febrero de 2017.
¡Tres años más tarde!
No es de recibo que siga existiendo esta obsolescencia en nuestro sistema judicial.
El CGPJ está en condiciones de tener su memoria completa y terminada en abril del año siguiente. ¿No sería más lógico que dicha presentación se hiciera al Jefe del Estado por esas fechas y que la comparecencia anual ante el Congreso de los Diputados se llevara a cabo en ese mismo marco de tiempo?
Es tan fácil como cambiar el artículo 181.2 de la LOPJ.
¿Es que a nadie se le ha ocurrido en 36 años de historia del CGPJ? Parece que no.
