La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) respalda a la fiscal que ha solicitado al tribunal de apelación la confirmación de la multa de 4.320 euros impuesta a la concejal Rita Maestre por haber irrumpido en la capilla de la Universidad Complutense, junto con otras mujeres, alardeando de “ser putas”
“Es obvio que las señoritas están en su derecho de alardear de ser putas, libres, bolleras o lo que quieran ser, pero esa conducta realizada en el altar, espacio sagrado para los católicos al encontrarse allí el Sagrario, lugar donde según sus creencias se encuentra su Dios, implica un ánimo evidente de ofender”, dice la fiscal en su escrito. Un texto que ha sido objeto de múltiples ataques.
La APIF apoya a su compañera, a través de un comunicado, afirmando que sus palabras se han sacado de contexto y que por ello “está siendo objeto de una crítica muy dura”.
“Creemos que nuestra compañera ha luchado con profesionalidad por defender la aplicación de la ley oponiéndose al recurso presentado por la defensa. Luego corresponde a los Tribunales determinar si la condena es correcta o si tiene razón en todo o en algo el recurrente”, se puede leer en su nota de prensa.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales recuerda que es lógico que se mantenga la condena de la acusada por considerar probada su culpabilidad.
En el escrito de la Fiscalía, continúan, se dan argumentos “para responder a los de la defensa -que no son desde luego neutros hacia la Fiscalía-, y esos argumentos tienen sólo un objeto legítimo para la Fiscalía: convencer a los jueces de que la condena es ajustada a derecho”.
Estos escritos, según la APIF, “no son artículos de opinión, no son opiniones personales, no son comentarios moralizantes. Por el contrario, son documentos para convencer a los jueces y responden a argumentos propios y de las contrapartes de naturaleza fáctica y jurídica”, concluyen.
La defensa de la APIF de su compañera se une a la del fiscal jefe de Madrid, Javier Polo, que ayer declaró que se había manipulado parte del informe de la representante del Ministerio Público y que aunque se había tratado de contextualizar el caso como una defensa de la libertad de expresión, la verdad es que la conducta de la edil madrileña durante el asalto de la capilla de la Universidad Complutense de Madrid no implicaba «más que un ánimo de ofender”.
