Los letrados defensores de Fernando Presencia -en el centro-, Marcos García Montes y Marcos García Ortega, en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
El juez decano de Talavera niega haber actuado de forma ilegal o anómala en su juicio ante el TSJCM
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14/5/2016 11:09
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Actualizado: 14/5/2016 22:53
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El juez decano de Talavera, Fernando Presencia, negó ayer, con firmeza, haber actuado de forma ilegal o anómala en un procedimiento de un accidente de automóvil que llevaba su Juzgado ante el tribunal de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha (TSJCM), que lo estuvo juzgó.
Presencia comparecía como acusado por un supuesto delito de prevaricación, por el que fue suspendido cuando se decretó la apertura de juicio oral.
La denuncia, que meses después derivó en querella, y en este juicio, fue presentada por la Fiscalía de Talavera contra el juez el 19 de junio de 2015, 15 meses después de que sucedieran los hechos, el 26 de marzo de 2014.
“Actué correctamente, como en miles de casos más”, dijo Presencia al Tribunal. Y achacó la querella al hecho de que, catorce días antes, él había puesto una denuncia contra el fiscal decano de Talavera por su supuesta implicación en lo que el juez ha calificado repetidas veces de “pelotazo urbanístico”.
Marcos García Montes, abogado de Presencia, hizo especial hincapié, precisamente, en el hecho de que la querella se presentara 15 meses más tarde.
“Pero es que después de lo sucedido en ese caso, ni hubo recusación del Ministerio Fiscal ni de la acusación particular. Tampoco hubo denuncia ni queja sobre la supuesta imparcialidad de mi defendido. Ni el CGPJ incoó expediente disciplinario alguno contra su persona”, dijo García Montes.
“Señorías, las supuestas anomalías, supuestas, si las hubiera, que esta defensa no lo considera así, no son identificables con la injusticia”, dijo el conocido abogado al tribunal.
EL ORIGEN DE TODO: EL ACCIDENTE
El caso que ha dado lugar a este juicio tuvo su origen en un accidente de tráfico, un día extremadamente lluvioso, a finales de 2013. El abogado Carlos Lucas C. conducía su vehículo, un jeep 4×4 por el centro de Talavera, a velocidad muy reducida. La visibilidad era escasa.
El vehículo, al parecer, golpeó en la rodilla a un hombre que iba a cruzar, y de lo que el conductor no se percató. El accidentado no cayó al suelo, pero sintió dolor.
El abogado continuó su trayecto, parándose en el siguiente ceda el paso, según pudo constatar la Policía local en su atestado.
El accidentado denunció al propietario del vehículo, caso que cayó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Talavera, del que es titular Presencia.
El juez calificó, en un principio, como una falta el asunto, ya que, a su juicio, por los resultados, aquello eran unas lesiones imprudentes.
Los representantes legales del accidentado recurrieron, argumentando que se había producido un delito de omisión del deber de socorro, lo que suponía que debían abrirse diligencias previas para que un Juzgado de lo Penal luego fallara.
Presencia, según explicó en el juicio, transformó, como le habían solicitado, el asunto en diligencias previas, y llamó a declarar al abogado conductor del vehículo.
El magistrado explicó al tribunal que vio el proceso como un «juicio de faltas porque es lo habitual en estos casos» y en lo que no vio “ninguna anomalía».
El que sí vio anomalía fue el abogado del accidentado –acusación particular en ese procedimiento y testigo en este juicio-, porque declaró que, antes de llamarle a él, en el Juzgado, detectó una “reunión” entre el juez, el acusado y su abogado defensor, a la que me “añadí porque entendí que debía estar allí”.
Asimismo, consideró que percibió «una actitud totalmente anómala porque no estábamos en igualdad de armas».
“Se me retiró la palabra cuando quise preguntar si el procesado escuchó el golpe tras el atropello”, en el interrogatorio al denunciado, añadió.
Una afirmación que refutó García Montes cuando le recordó que había hecho esa pregunta por tercera vez.
Al finalizar esa comparecencia, ese 26 de marzo de 2014, el magistrado emitió in voce –en voz alta, en ese momento- su decisión de convertir el caso en un juicio de faltas, que, al día siguiente, el 27 de marzo, convirtió en auto.
Esa decisión es la que dio origen a la querella por prevaricación, por parte del Ministerio Fiscal, al supuestamente favorecer al denunciado, «amigo» del juez, a pesar de que esta decisión no supusiera el archivo de la denuncia, que seguiría su curso como juicio de faltas.
En el juicio contra Presencia en el TSJCM declaró como testigo el letrado que defendió a Carlos Lucas C. en el caso del accidente, que se acogió a derecho a no declarar, apelando al secreto profesional que todo abogado tiene que guardar “para no perjudicar a mi cliente”.
Alegó que si lo hacía se podría utilizar en el proceso del accidente, que todavía sigue abierto dos años después.
También declararon ante el TSJCM los dos propietarios de un bar cercano a los Juzgados, que dijeron haber visto al juez Presencia y al abogado denunciado comiendo en más de una ocasión.
El juez imputado reconoció que, en una ocasión, viajó con el abogado a Valencia y que éste durmió en su casa.
Esa era, precisamente, la base de la acusación de la prevaricación de este caso: la amistad supuesta entre el juez del caso y el denunciado.
NULIDAD
Según dijo García Montes al tribunal, “hay que diferenciar entre la interpretación de la legalidad –en la vía de los tribunales- y el plus de arbitrariedad, que es lo que contempla y en lo que consiste la prevaricación, y que aquí no se da”.
Desde el punto de vista del conocido abogado, el caso está lleno de irregularidades, de las que es responsable la Fiscalía, como explicó en su turno, en la fase de los informes.
“Primero, porque no está presente la Fiscalía en el interrogatorio al denunciado, segundo porque el fiscal jefe de Talavera no recurrió el auto del 27 de marzo de 2014 sino que se adhirió al de la acusación particular y tercero porque esa acusación particular no está personada en este procedimiento. También nos preguntamos, si hubo prevaricación, como sostiene el Ministerio Fiscal, ¿por qué no ha sido imputado también el conductor del vehículo, si supuestamente fue el instigador? Señorías, este procedimiento es nulo. Por eso pido la absolución para mi patrocinado”, dijo.
José Martínez, fiscal jefe de Castilla-La Mancha, por su parte, calificó de “reprochable” la conducta profesional del fiscal jefe de Talavera, al que consideró responsable de no haber estado en la comparecencia del 26 de marzo de 2014 ni que luego no recurriera el auto del juez Presencia.
Pero consideró «probado» que «hubo prevaricación» al entender probada la amistad entre el juez Presencia y el abogado que causó el accidente «como ha corroborado el dueño del bar porque era habitual que quedaran allí» y «como lo prueba el hecho de que el propio Carlos ha reconocido que se quedó a dormir en casa de Fernando en un viaje a Valencia que no era de trabajo».
Y mantuvo la acusación de prevaricación contra el magistrado: 15 años de inhabilitación profesional y 18 meses de multa a una cuota diaria de 50 euros.
El caso quedó visto para sentencia.
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