El TSJ de Castilla-La Mancha condenó, en su sentencia, «por error», a pena de prisión al juez Presencia
Fernando Presencia en una foto en su despacho del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Talavera de la Reina.. Confilegal.

El TSJ de Castilla-La Mancha condenó, en su sentencia, «por error», a pena de prisión al juez Presencia

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06/6/2016 07:56
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Actualizado: 16/6/2016 09:42
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El tribunal de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que juzgó al magistrado Fernando Presencia el pasado 13 de mayo por un delito de prevaricación, lo condenó «por error» a una «pena de prisión», según consta en la sentencia que se hizo pública después.

El fallo, que tiene fecha de 23 de mayo, dice que deben condenar y condenan al juez «a la pena de prisión de doce meses de multa, con una cuota de diez euros por día, con un día de privación de libertad por cada dos cuotas no pagadas», citando el articulo 446.3 del Código Penal.

El mismo tribunal, formado por Eduardo Salinas Verdaguer -presidente y ponente de la sentencia-, Manuel Mateos Rodriguez y Carmen Piqueras Piqueras, veinticuatro horas más tarde emitió un auto de aclaración reconociendo el «error material» al incluir las palabras «de prisión» y rectificando el fallo.

«En este caso en la sentencia se condena ‘…a  la pena de prisión de doce meses de multa…'», dice el auto. Procede, por lo tanto, «rectificar el error material sufrido, modificando el fallo de la sentencia, suprimiendo las palabras ‘de prisión'».

GARCÍA MONTES: ES UN ‘LAPSUS MENTIS’

Para el abogado defensor del juez Presencia, Marcos García Montes, lo sucedido es «inusual y sospechoso».

«Es un ‘lapsus mentís’ que sugiere una sentencia hecha al dictado de ‘alguien’. Es, también, un aviso para navegantes jueces y, en especial, para la independencia judicial», afirma García Montes.

«Si no estás en el sistema estás muerto. El caso de Presencia, un juez que ha denunciado la corrupción en Talavera de la Reina, es buena prueba de ello», añade.

Fernando Presencia fue condenado, por este tribunal, a 10 años de inhabilitación y 3.650 euros de multa por un delito de prevaricación en un caso de accidente de tráfico del que era competente. Una sentencia que todavía no es firme y que García Montes va a recurrir en casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

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