JpD apoya al juez De Prada y recuerda que España ha sido condenada ocho veces por no investigar las torturas
Ignacio González Vega es el portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia.

JpD apoya al juez De Prada y recuerda que España ha sido condenada ocho veces por no investigar las torturas

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07/6/2016 14:10
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Actualizado: 16/6/2016 09:42
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La asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) apoya al juez de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, por «admitir públicamente que tenemos un problema con la tortura» y recuerda que el Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH) ha condenado en ocho ocasiones «por no realizar una investigación judicial efectiva y en profundidad de las denuncias por torturas».

El apoyo de JpD a De Prada, aunque contenido en las conclusiones del 31 Congreso de la asociación, que tuvo lugar entre el 2 y el 3 de junio pasado, «tiene plena vigencia hoy, después de conocerse los dos informes de los fiscales de la AN, Pedro Rubira, Vicente González Mota y José Perals, que apoyan la petición de recusación de la AVT contra De Prada», según explicaron a Confilegal fuentes de esta asociación.

El juez afirmó, el pasado abril en un foro en el Ayuntamiento de Tolosa, que la jurisdicción española vulnera derechos fundamentales de personas encausadas por delitos de terrorismo y se han producido “patologías” en este tipo de procedimientos.

«Rechazamos el acoso institucional y mediático, muestra de tal negacionismo, a personas que defienden públicamente los pronunciamientos y doctrina del TEDH», dice JpD en el texto titulado «Romper la ocultación de la tortura».

«En este sentido mostramos nuestro más firme apoyo al compañero José Ricardo de Prada frente a los injustos ataques de que ha sido objeto por parte de Jorge Fernández Díaz, ministro del interior en funciones, y de miembros de asociaciones de víctimas, que han motivado la apertura de unas diligencias por el CGPJ, por haberse aquél atrevido a admitir públicamente que tenemos un problema con la tortura», añade la asociación progresista de jueces.

Para JpD es esencial que el Consejo General del Poder Judicial promueva el establecimiento de «un código de conducta claro sobre la forma de conducir interrogatorios de detenidos en régimen de incomunicación, medidas de vigilancia que garanticen la integridad de los mismos y medidas de control jurisdiccional de las anteriores».

 

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