Entiendo los comentarios realizados en la columna publicada en Confilegal, titulada “¿Son los acusados de la Gurtel cadáveres civiles?”. Son comentarios de uno de los abogados defensores. En tal concepto son coherentes con el interés de defensa de su cliente, juzgado en el caso Gurtel.
Dicho esto, hay que afirmar que es normal que la gente esté indignada con todos los acusados en ese caso, cuya avaricia ha saqueado el dinero de los ciudadanos por el encarecimiento de los servicios y obras públicas en el caso del cohecho, y, directamente por la toma de dinero público en el mal uso de las “tarjetas black”.
En el caso de la Gurtel indigna, de un lado, la corrupción de los políticos (común a gran parte de la clase política que maneja dinero) y la actitud servil al sistema, viciado, de muchos empresarios.
En el juicio de las “tarjetas black” indigna la avaricia de altos cargos e inútiles consejeros, incrementada por la chuleria y el cinismo de algunos en sus declaraciones en el juicio, tomando a la gente por imbéciles.
Lo que más enfada es que, la mayor parte, no hayan devuelto el dinero.
Por otra parte, hay que recordar que las dilaciones procesales las han provocado en buena medida los propios acusados, presentando recursos, a veces meramente dilatorios, y por la obstrucción de los poderes políticos a la labor instructora.
La repulsa de la opinión pública es una comprensible reacción al saqueo previo.
Tengo que recordar que los fines de la pena no son solo la reeducación y reinserción social, a la que están orientadas artículo 25.2 de la Constitución, sino también, como dice el Tribunal Constitucional, la prevención general y especial y la retribución.
Tan muertos civiles no deben estar los que siguen con alto y altísimo tren de vida y pagando elevadas minutas de defensa.
Porque para vapuleo judicial, el sufrido por los jueces Baltasar Garzón y Elpidio Silva, víctimas urgentes de estos dos casos. Condenados antes de haberse juzgado a los propios acusados en el de la Gurtel y el de las “blacks”.
En conclusión, son legítimos los comentarios del abogado defensor pero también es lógica la indignación popular con los acusados, cuyo estatus de vida ya quisiera la inmensa mayoría de la población, atracada oficialmente por quienes resulten condenados en firme y moralmente por los políticos y demás cómplices del sistema de contratación pública (Gurtel) y del escandaloso tinglado retributivo de las antiguas cajas (y las actuales).
