La Comisión Ejecutiva de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha recordado, en un comunicado, al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que la Fiscalía «no es ningún instrumento en manos del Gobierno, ni sirve a éste para realizar su política criminal».
Y añaden: «Ni en la Constitución ni mucho menos en nuestro Estatuto Orgánico se dice que el Gobierno pueda dirigir instrucciones escritas, ni evidentemente tampoco verbales, al Ministerio Fiscal». «El Ministerio Fiscal funciona con independencia del Gobierno», y «acaba en el fiscal general del Estado», remachan.
Esta asociación se une, así, a las críticas vertidas por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) contra Catalá, quien afirmó el viernes que «el fiscal general del Estado lo nombra el Gobierno», “la Fiscalía no es independiente, independiente es el poder judicial, la fiscalía tiene autonomía para ejercer sus funciones”, y “puede recibir instrucciones escritas del gobierno” porque “a fin de cuentas en todo el mundo la Fiscalía es un instrumento para el desempeño de la política criminal del Gobierno”.
La APIF recuerda, en su comunicado, que «no se puede hablar de querer despolitizar la justicia y partir de un desconocimiento sustancial de uno de sus protagonistas esenciales, el Ministerio Fiscal».
Según esta asociación, el ministro desconoce el contenido del artículo 124 de la Constitución Española, que después ha sido desarrollado en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En el mismo queda claro que al «fiscal general del Estado lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y ahí acaban, o deberían acabar, sus ingerencias en la institución».
«Lo que sí dice el artículo octavo de nuestro Estatuto es que ‘El Gobierno podrá interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público’. Ahora bien también indica que ‘El Fiscal General del Estado, oída la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, resolverá sobre la viabilidad o procedencia de las actuaciones interesadas y expondrá su resolución al Gobierno de forma razonada. En todo caso, el acuerdo adoptado se notificará a quien haya formulado la solicitud’. Es decir que puede y debe negarse a llevar a cabo esa actuación interesada por el Gobierno que en todo caso debe estar dirigida a defender el interés público», recuerdan.
La APIF lamenta la falta de autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal para poder tener una autonomía real del poder ejecutivo.
«Autonomía que se viene demandando desde el Consejo de Europa para tratar de paliar las carencias estructurales de nuestra Institución y la dependencia económica al Ejecutivo que merma nuestra eficacia funcional», señalan.
Y terminan haciendo un llamamiento «para que las comunicaciones entre el Gobierno y la FGE se regulen debidamente y se rijan por la necesaria transparencia, para evitar precisamente percepciones como ésta».
