La sentencia de este caso no se dictará hasta el próximo año. Así se desprende de la decisión adoptada este miércoles por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) de prorrogar hasta el 31 de marzo el plazo con el que la ponente del juicio del caso Nóos, Samantha Romero -encargada de redactar la sentencia-, cuenta para dedicarse en exclusiva a este asunto.
El acuerdo, adoptado este miércoles por unanimidad, acepta la petición de la magistrada de la sección primera de la Audiencia de Palma que presidió el tribunal que juzgó el caso Nóos, con la infanta Cristina, su marido Iñaki Urdangarin y otras 15 personas como acusados, entre ellas el ex vicealcalde de Valencia Alfonso Grau.
La decisión se ha adoptado atendiendo a la complejidad del asunto y teniendo en cuenta «el carácter improrrogable y excepcional con el que se plantea la medida», ha informado el TSJIB en un comunicado.
Tras la celebración del juicio del caso Nóos, la ponente de la sentencia había sido liberada de asumir otros asuntos durante 63 días hábiles que fueron los mismos que duró la vista oral, un plazo que vencía el próximo 5 de diciembre y que ahora se ha prorrogado.
La sala de gobierno del TSJIB ha aprobado la solicitud en las mismas condiciones derivadas del acuerdo que adoptó el 25 de junio de 2016, que fue el que preveía exonerar temporalmente de reparto a la magistrada ponente hasta que se dictara la sentencia. Un reparto que fue asumido por el resto de magistrados de la sección primera.
El juicio del caso Nóos quedó visto para sentencia el pasado 22 de junio tras más de seis meses en los que el tribunal puso la lupa sobre el presunto desvío de más de seis millones de euros públicos a través del Instituto Nóos, y que por primera vez sentó en el banquillo de los acusados a un miembro de la Familia Real, la Infanta Cristina, bajo una petición de ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.
Desde que el 11 de enero arrancase el juicio, además de los 17 acusados de la causa comparecieron más de 300 testigos y numerosos peritos cuyo interrogatorio fue dirigido a esclarecer el supuesto desvío de 6,2 millones de euros de Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana a través de los distintos eventos organizados por el Instituto Nóos, y cuyo coste fue notablemente inferior a los fondos abonados por las Administraciones. (CONFILEGAL/EP)
