PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Fiscales e instrucción: la eterna canción

Susana Gisbert es fiscal en la Sección de Violencia sobre la Mujer y portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia. @gisb_sus.
|

Fiscales e instrucción. Un tema del que se está hablando mucho de un tiempo a esta parte. Todo el mundo da su opinión, con más o menos fundamento, y con más o menos argumentos a favor o en contra.

Pero el tema no es nuevo.

Cuando daba mis primeros pasos en esta carrera, hace más de veinte años, ya se barajaba la posibilidad, incluso con proyectos y estudios en diferentes grados de desarrollo.

Es más, desde que era opositora, nos venían amenazando con el cambio en el sistema, con el pánico que supone para quien está opositando, que ve cualquier modificación legislativa como un verdadero drama, y más si es de este calado.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Quizás por ello no hayamos tomado en serio estas advertencias como aquellos pastores a los que, a costa de tanto gritar en falso que venía el lobo, no lo creyeron cuando el lobo efectivamente llegó.

Y ahora parece que la cosa sí que va en serio.

De hecho, ya nos obsequiaron con un adelanto, la famosa reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que reducía el plazo de instrucción y dejaba en manos de los fiscales la vigilancia de su cumplimiento.

PUBLICIDAD

Una reforma que, sin embargo, no nos daba herramientas para cumplir con ella, ni materiales ni legislativas.

Porque, de un lado, su propia Disposición Adicional establecía que no supondría dotación de medios y, de otra, tampoco se acompañaba tan elevada pretensión de un procedimiento que permitiera llevar a cabo ese control, más allá del voluntarismo y la buena intención de los operadores jurídicos. Una reforma, de otro lado, que, aunque fue muy contestada en sus inicios, hemos acabado asimilando y asumiendo con resignación, como suele ocurrir.

Una cuestión que no es nueva

Y así nos va. Nadie se acuerda ahora de las promesas electorales de revisar el precepto ni mucho menos de las de dotar de medios.

PUBLICIDAD

Como decía, la cuestión de atribuir a los fiscales la instrucción no es nueva, ni mucho menos. Ni tampoco debería ser tan cuestionada como lo está siendo, si tenemos en cuenta que ése es el sistema que se sigue en la inmensa mayoría de países de nuestro entorno.

PUBLICIDAD

Pero hay más: si examinamos la Constitución, veremos que el modelo que presenta se acerca más al del fiscal instructor de lo que muchos quieren hacernos pensar. Según el artículo 117.3, los jueces tienen por misión “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”.

Nada de instruir o investigar.

Y si a ello añadimos lo que establece el artículo 124 respecto al Ministerio Fiscal, encargado de la defensa de la legalidad y del interés público, y que la Ley Orgánica del Poder Judicial nos incardina, con autonomía, en el Poder Judicial, nadie debería rasgarse las vestiduras ante la perspectiva de que seamos los fiscales quienes instruyamos.

De hecho, hasta resulta pintoresco que por parte de determinados sectores se hable de que los jueces “nos den la instrucción”, como si se tratara de un bien sacrosanto que les pertenece y nos hicieran una concesión graciosa.

PUBLICIDAD

¿Por qué la desconfianza?

¿Por qué entonces esa desconfianza sempiterna hacia los fiscales? Pues, sencillamente, porque se está partiendo de un modelo antiguo y desfasado. El actual sistema se asienta sobre la base de un procedimiento creado en el siglo XIX con la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, aunque con muchos parches, sigue siendo la vía sobre la que circula el tren del proceso.

Un tren de alta velocidad circulando en los raíles de un viejo ferrocarril de cercanías, y donde las sucesivas reformas se van añadiendo como vagones que no acaban de encajar con la obsoleta locomotora a vapor.

En ese recorrido, no se puede olvidar que el Ministerio Fiscal se rige por un Estatuto Orgánico de 1981, que pide a gritos una reforma y, lo que es más grave, con un Reglamento del año 1969, con continuas referencias al régimen anterior que, aunque han devenido inaplicables por inconstitucionales, ahí siguen.

Y, evidentemente, si no reforman la herramienta legislativa, difícilmente se pueda configurar la función del fiscal en el proceso de una manera adecuada.

Es de ahí de donde vienen esa interpretación de los conceptos de “instrucciones” y “jerarquía” que tanto se usa para denostar nuestra labor. No deja de ser curiosa la generalización e interpretación de cualquier decisión del fiscal. Si algún miembro del Ministerio Público toma una decisión desacertada o que no gusta a alguien, rápidamente se producen dos fenómenos. Por un lado, suponer que se ha hecho recibiendo órdenes, como si viviéramos constantemente al lado del teléfono esperando que nos dijeran lo que hemos de hacer.

Y, por otro, atribuirlo a “la fiscalía” como ente, para a continuación cuestionar a toda la carrera. Confieso que siempre me ha hecho gracia que cuando alguien se reúne con un fiscal lo hace “con la fiscalía” como si estuviéramos en espíritu.

Pero jamás nadie se reúne con “la Abogacía” o “la Judicatura” si va a hablar con un juez o jueza o un Letrado o Letrada.

Cuerpo militarizado

También se interpreta la jerarquía como si de un cuerpo militarizado se tratara. Y hay que desacralizar ciertas cosas. Nadie se lleva las manos a la cabeza porque las resoluciones judiciales se recurran ante el órgano superior, por ejemplo, y ahí también hay un cierto modo de jerarquía.

Y pueden ordenar al juez de instancia que modifique su resolución sin que nadie cuestione por ello su independencia.

Por todo esto, habría que replantearnos el concepto de fiscal y desterrar de una vez todos esos clichés que siembran la desconfianza en el ciudadano. Tenemos exactamente la misma formación que los jueces –de hecho, la oposición es única- y juro que no nos implantan ningún chip de obediencia ciega en el momento de jurar el cargo.

Aunque algunos no lo crean.

Así que el problema no es realmente que nos atribuyan la instrucción sino cómo lo hagan.

Y eso sí que me asusta.

Porque sin medios materiales ni personales y sin las herramientas legislativas adecuadas, la cosa pinta difícil. Es impensable que con la legislación actual y los medios de hoy se pueda acometer semejante pretensión. Pensemos que nuestra plantilla es de menos de la mitad que la de jueces, y también muy inferior a la de los letrados de la Administración de Justicia.

Por no hablar de funcionarios, que no salimos ni a medio por fiscal cuando cada Juzgado cuenta con varios. Y si a eso añadimos los programas informáticos y demás, el panorama es desalentador.

¿Cómo convertir plazas de jueces en plazas de fiscales?

Pero todavía hay más.

Otro de los problemas es cómo se haría el trasvase de jueces instructores a fiscales instructores, siendo cada carrera un compartimento estanco sin vasos comunicantes ni pasarelas.

¿Cómo convertir plazas de jueces en plazas de fiscales?

¿Qué hace con los jueces de instrucción “sobrantes”?

Y es evidente la falta de previsión ya que, convocatoria tras convocatoria, se va ampliando la diferencia al crear más plazas de jueces que de fiscales cuando, de tener in mente esta reforma, debería haber empezado ya hace mucho la tendencia a la inversa.

En muchos países de nuestro entorno jurídico la carrera es única, y ello facilita enormemente el trasvase, pero tampoco es ése nuestro caso.

Y es difícil hacer una tarta de manzana cuando de lo que se dispone es de muchas peras y pocas manzanas.

Y no vale con un cambio de nombre. Se llame instrucción o investigación las cosas son lo que son.

Y ese matiz no puede dar más que quebraderos de cabeza.

¿Se puede investigar a alguien que no tiene la calidad de “investigado”? ¿No suena un tanto absurdo? ¿No es más claro distinguir entre instrucción e imputación, como se venía haciendo? Ahí queda la duda.

Así que, como decía, el problema no está en el qué, sino en el cómo.

Y deberíamos encender las alertas en este sentido en vez de disparar contra el pianista, el fiscal en este caso. Nada debería obstar a que se nos atribuyera la instrucción, pero habría que ver en qué condiciones. Y hacerlo antes de que sea tarde, y lleguen los lamentos y el rechinar de dientes al que tan acostumbrado tienen al pobre justiciable.

Pero, como siempre, igual me equivoco y está todo previsto. Ojala así fuera. Aunque, tal como están las cosas, no lo veo.

por Susana Gisbert.

Susana Gisbert es fiscal portavoz en la Audiencia Provincial de Valencia. Su cuenta de Twitter es @gisb_sus.
3 comentarios en “Fiscales e instrucción: la eterna canción
  1. He disfrutado leyendo su artículo, Sra. Gisbert, como siempre diestra y exquisita en las formas. Sin embargo, en cuanto al contenido no puedo estar más en desacuerdo.

    Puede que el fiscal no reciba órdenes en los asuntos del día a día, pero en los casos políticamente sensibles los manejos gubernamentales para orientar la labor del fiscal son una realidad. No vendrá mal un breve repaso histórico para comprobar cómo el fiscal resulta increíblemente permeable en casos con relevancia política, girando cual veleta según los intereses coyunturales del gobierno de turno.

    Me viene a la cabeza el caso De Juana Chaos: a finales de 2004, De Juana estaba a punto de ser puesto en libertad tras cumplir 18 años de prisión, pese a haber sido condenado por el asesinato de 25 personas. Ello se debía a los beneficios de redención de penas previstos en el CP de 1973. La inminente excarcelación del etarra produjo una gran alarma social, alimentada por algunos medios de comunicación, e incluso el Gobierno se unió al clamor popular al declarar públicamente que terroristas como De Juana jamás deberían ser excarcelados prematuramente. Por todo ello, no es de extrañar que la fiscalía se afanara en buscar nuevos hechos por los que acusar al etarra y así mantenerlo en prisión. Fue así como salieron a la luz dos cartas escritas por De Juana y publicadas en el diario Gara en las que amenazaba a varios responsables de prisiones, políticos y jueces señalándolos como objetivos de ETA. Se inicia un nuevo proceso y el juez, a petición del fiscal, decreta la prisión provisional, impidiendo así la excarcelación del etarra. En su escrito de calificaciones provisionales, el fiscal pide 96 años de prisión. Sin embargo, en esa época (años 2006-2007) ETA declara una tregua y el Gobierno mira con preocupación el caso de De Juana, cuya condena puede frustrar las negociaciones con la banda armada. El día antes del juicio, la fiscalía, haciendo suyo el golpe de timón del Gobierno, rebaja la petición de condena a 12 años de prisión.

    Algo similar sucedió, en el mismo período, con Arnaldo Otegui. El Ministerio Fiscal presentó querella contra él por un delito de enaltecimiento del terrorismo, fundado en un homenaje que rindió a la etarra Olaia Castresana, muerta accidentalmente mientras manipulaba un explosivo. En 2007, cuando el proceso de paz con ETA se hallaba en la cuerda floja, el Ministerio Fiscal retira “misteriosamente” la acusación y la Audiencia Nacional se ve obligada a absolver, a pesar (según se declara en la propia sentencia) de que había prueba de cargo suficiente para condenar a Otegui. ¿A qué vino este oportuno cambio de criterio del fiscal, pasando de la estricta observancia de los tipos penales a la laxitud más generosa? ¿Trastorno bipolar u obediencia a los jefes? Creo que todos barruntamos la respuesta.

    Todo lo anterior, por no hablar de la vergonzosa actuación del fiscal Horrach en la imputación de la Infanta, desempeñando un papel más propio de un abogado defensor.

    En definitiva, la realidad es la que todos conocemos: por mucho se las considere “carreras hermanas”, jueces y fiscales sólo se parecen en el sistema de acceso, que se produce a través de una oposición única. A partir de ahí, el estatuto orgánico de unos y otros no tiene nada que ver. El Fiscal General del Estado es un cargo de confianza del partido gobernante, a cuyas órdenes e instrucciones se someten piramidalmente los fiscales jefes hasta llegar a la base. De este modo, el riesgo de injerencias políticas se propaga a toda la institución. Si un juez se aparta del criterio de un tribunal superior no sufre más perjuicio que la posible revocación de su sentencia en vía de recurso. Si un fiscal desobedece a un superior, puede ser sancionado. Creo que esto, por sí solo, desbarata la curiosa analogía de la Sra. Gisbert.

    Según el art. 23 EOMF, en cualquier momento de la actividad que un fiscal esté desarrollando podrá su superior jerárquico inmediato avocar para sí el asunto o designar a otro fiscal para que lo despache. El art. 25 permite al FGE impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de sus funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos, y análogas facultades tienen los fiscales superiores de las CCAA respecto a los fiscales jefes de su ámbito territorial, y éstos respecto de sus subordinados. A tenor del art. 26, el FGE puede llamar a su presencia a cualquier miembro del MF para recibir directamente sus informes y darle las instrucciones oportunas, y puede designar al fiscal que quiera para que actúe en un asunto determinado. En lo que respecta a la responsabilidad disciplinaria, el art. 63 tipifica como falta grave el incumplimiento de las órdenes o requerimientos recibidos de los superiores jerárquicos; por su parte, el art. 67 pone de manifiesto la dependencia gubernativa de los fiscales al atribuir relevantes competencias sancionadoras al Ministro de Justicia (es directamente competente para decretar la separación del servicio del fiscal que incurra en faltas muy graves y, asimismo, conoce del recurso de alzada frente a las resoluciones dictadas en materia sancionatoria por el FGE).

    ¿Se imaginan que un juez se sometiera a este mismo régimen? ¿Que pudiera ser designado a dedo para despachar un asunto o apartado de él de manera discrecional, declarando así la defunción del principio de predeterminación legal del juez? ¿Que pudiera ser sancionado, por ejemplo, por no seguir la doctrina del Tribunal Supremo sobre la retroactividad limitada de la cláusula suelo? ¿Que pudiera ser separado de la carrera judicial por decisión del Ministro de Justicia? Porque ése es el estatuto de los fiscales. Créame, Sra. Gisbert, por más analogías que usted busque, ni usted ni sus colegas de profesión gozan de la independencia de un juez. Convendrá conmigo en que la ley se lo pone verdaderamente difícil para mantener su libertad de criterio y defenderse de posibles presiones en casos que interesen al poder político.

    Ante los inconvenientes reseñados, derivados de la dependencia gubernativa del Ministerio Fiscal y su vulnerabilidad a intromisiones políticas, la invocación del Derecho Comparado se antoja como un recurso pobre. Sostener que en España debería instruir el fiscal porque así se viene haciendo en los países más “avanzados” es un argumento carente de valor científico. Y lo es por un doble motivo: primero, porque ignora (u omite interesadamente) los contrapesos y mecanismos equilibradores que se dan en aquellos Estados, como el estatuto de independencia del fiscal italiano o la elección democrática del fiscal estadounidense. Segundo, porque el indicado argumento obvia que, en aquellos países cuyo Ministerio Fiscal resulta más próximo al nuestro (caso de la República Federal Alemana), el poder acumulado por el fiscal y la policía en la fase instructora no está, precisamente, exento de polémica.

    En efecto, la experiencia habida en el país germano con los casos de corrupción política no resulta, precisamente, ejemplarizante. Puede citarse el “caso de los maletines” que se destapó a finales de los 90, esto es, el escándalo de financiación ilegal que sacudió a la CDU y salpicó al propio líder de la formación, Helmut Kohl. Se descubrió el pago de sumas multimillonarias por parte de donantes anónimos (entre de ellos, un traficante de armas), cobro de comisiones ilegales por la venta de patrimonio público (entre ellos, una partida de tanques y una refinería de la antigua RDA), contabilidades paralelas, cuentas secretas en paraísos fiscales, empresas tapadera para el lavado de dinero negro, etc. Se incoó un sumario contra Helmut Kohl para esclarecer sus responsabilidades, pero la fiscalía de Bonn decidió cerrar el caso y poner fin a la investigación a cambio de una multa de 300.000 marcos (unos 150.000 euros). Ciertamente, hoy en día la germanofilia está muy extendida, especialmente en el ámbito jurídico, pero honestamente considero que éste no es modelo que nos convenga imitar.

  2. Las asociaciones judiciales denuncian como una de las causas del caos de la Administración de Justicia la descoordinación entre la Fiscalía y los Órganos Jurisdiccionales. Nuevamente se reduce la problemática a la simple solicitud de más medios técnicos en lugar de afrontar decididamente las precisas reformas institucionales.

    La configuración de la fiscalía como estructura jerárquica en cuya cúspide se sitúa a un Fiscal General del Estado elegido por el Gobierno fuera de la propia estructura del Poder Judicial es la verdadera culpable de tal descoordinación y no la precariedad de medios técnicos. Si a ello unimos la voluntad política ya manifestada de sustraer las competencias instructoras al Juez para atribuirlas al fiscal, la imposibilidad del conocimiento judicial de la información eficaz referida al proceso, resulta inevitable.

    La intención de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en tal sentido, obedece a asegurar aún más el control político de la investigación delictual a través del comisariado político que hoy en día es la Fiscalía General del Estado. Sacrificar las garantías judiciales de objetividad e independencia es algo que no preocupa al poder político mientras se garantice el control absoluto de la vida judicial.

    Al contrario, sólo la unidad de las carreras fiscal y judicial garantizan la integridad de la función jurisdiccional y el intercambio eficiente de la información. La prosecución neutral del interés público y la operación intelectual de juzgar y hacer cumplir lo juzgado son dos caras de la misma moneda, inseparables y complementarias. No olvidemos que en el Derecho español, al contrario, por ejemplo, que en el Norteamericano, el fiscal no es un mero acusador sino un defensor imparcial del derecho que debe apreciar y manifestar al juzgador, si existen, las circunstancias que eximen de la responsabilidad criminal.

    Únicamente la integración de magistrados y fiscales como cuerpo único en el órgano de Gobierno de los Jueces, dependiendo exclusivamente del mismo, alejaría de injerencias políticas la función fiscal y permitiría un conocimiento exhaustivo de las circunstancias particulares de cada proceso.

    Claro que para que para ello se necesita transmutar el actual Consejo General del Poder Judicial en un auténtico Órgano de Gobierno separado del poder político, autónomo e independiente tanto en su propia designación como presupuestariamente.

  3. Doña Susana, o la foto no le hace justicia, o está usted muy desmejorada.
    Cuídese, que los años no pasan en balde…
    Y no se esfuerce en mejorar nada, que esto no tiene solución.
    La administración de justicia va de mal en peor, y es algo que sabemos todos los profesionales del gremio. Es triste decirlo, pero es lo que hay, Y DEBEMOS ASUMIRLO CON ENTEREZA, Y LA SONRISA EN LA BOCA.

Para comentar, suscríbete
Si ya eres suscriptor, Inicia sesión