El magistrado Eloy Velasco, la decana Sonia Gumpert, el abogado y fiscal en excedencia Ignacio Gordillo y el fiscal Daniel Campos. Confilegal.
Los casos de políticos y poderosos: principal escollo para la instrucción por los fiscales
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12/1/2017 05:59
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Actualizado: 12/1/2017 12:43
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«En el 99 por ciento de los asuntos normales no habría ninguna diferencia si la instrucción la realiza un juez o un fiscal. El problema está en el 1 por ciento restante. Los casos en los que se investiga y se enjuicia a políticos y poderosos. Ahí los fiscales no serían independientes». Son palabras del magistrado Eloy Velasco durante su intervención, ayer por la tarde, en la mesa redonda sobre la instrucción fiscal en el proceso penal, que tuvo lugar en el salón de actos del Colegio de Abogados de Madrid.
En la misma intervinieron el abogado Ignacio Gordillo -exfiscal de la Audiencia Nacional- y Daniel Campos, fiscal de ese mismo órgano, bajo la moderación de la decana Sonia Gumpert.
En opinión de Velasco, la entrega de la instrucción a los fiscales es una «cuestión política» y tiene un objetivo muy claro: desequilibrar el equilibro de poderes, vaciando al poder judicial.
«No tiene sentido pasar el poder de un órgano independiente a otro que no lo es», afirmó.
Velasco contestaba de esa forma la defensa de la instrucción por los fiscales que previamente había realizado Campos.
El fiscal de la Audiencia Nacional calificó el actual sistema de instrucción penal por los jueces de «modelo ridículo y poco garantista».
«Que el fiscal tiene que instruir, es de cajón. Porque vivimos en un mundo que tiene ese modelo y es necesario tener un procedimiento penal armonizado con el resto de Europa», añadió.
Sobre la independencia del fiscal general, y de los fiscales, Campos argumentó que está fuera de toda duda. «El fiscal general del Estado es nombrado por un periodo de cuatro años y es inamovible», dijo.
Y reivindicó, como algo muy positivo, el control de los fiscales por sus superiores, frente a la muy reivindicada independencia de los jueces.
«El visado a los fiscales me parece un control de calidad. Un elemento de calidad claro. A mí no me molesta», dijo Campos, ante un auditorio abarrotado, formado por abogados, magistrados y fiscales.
Entre el mismo se encontraban el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, el director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio, Joaquín Delgado, Jesús Villegas, magistrado, juez decano de Guadalajara y secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y Antonio Viejo, juez decano de los Juzgados de Madrid.
Escepticismo de Gordillo
Gordillo, por su parte, mostró su escepticismo sobre la futura reforma del Estatuto Fiscal y su forma de funcionamiento. No se creyó el mantra de mérito y capacidad que tanto se repite en estos días a la hora de elegir a las personas para puestos de responsabilidad.
«Yo he estado más de 30 años en la Fiscalía y durante ese tiempo me he presentado a varios puestos. Jamás me eligieron Siempre saqué cero votos», reveló el actual abogado y profesor, conocido por su independencia.
Gordillo fue el más iconoclasta y provocador de los tres intervinientes.
«A mí lo que me da miedo es que la Fiscalía esté controlada por el poder político. Yo soy de la promoción del 77 y desde el minuto uno descubrí que todos los partidos políticos parlamentarios, sin excepción, estaban a favor de controlar a la Fiscalía a través del fiscal general», confesó.
«El fiscal general debería depender única y absolutamente de la Ley, al estilo del defensor del Pueblo. Sin embargo, hoy por hoy es nombrado a propuesta del Gobierno. ¿Qué fiscal general va a estar dispuesto a decir que no al Gobierno que le ha nombrado?», apuntó.
Gordillo, en ese momento, retomando el planteamiento del debate, recordó a todos que en España no instruyen los jueces y tampoco los fiscales.
«Instruye la Policía Judicial que depende del Ministerio y del comisario de turno. Detienen a las personas cuando quieren, en el momento procesal que mejor les viene bien», señaló.
José Manuel Maza durante su intervención; a su izquierda, Antonio Viejo, decano de los Juzgados de Madrid. Confilegal.
Durante el turno de intervención del público, el fiscal general, Maza, tomó la palabra, para contar que la opinión mayoritaria de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de la que él formaba parte hasta que fue nombrado para esa responsabilidad, estaba a favor del fiscal instructor.
Y reconoció que, en efecto, «la investigación la lleva la policía».
Maza defendió la asunción de la instrucción por los fiscales, «un camino total de sistema», para «hacer más rápida la instrucción penal» porque «el juez de instrucción es un cuello de botella».
Delgado, por su parte, también hizo uso de la palabra en la misma dirección planteando que el cambio aumentaría la eficacia del sistema penal y recordando el buen resultado de las fiscalías especializadas.
Joaquín Delgado, el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, del Ministerio, preguntándose si el sistema penal actual es suficientemente eficaz. Confilegal.
Jesús Villegas intervino para defender la instrucción por el juez, en línea con Velasco y en contra de la corriente general actual que favorece a los fiscales.
Contestando a Campos, que en una intervención previa hizo referencia a su propuesta -realizada a través de Confilegal- de que los jueces de instrucción siguieran haciendo ese cometido pero privados de la capacidad de para ordenar registros, intervenciones telefónicas y detenciones, que pasarían a los llamados jueces de garantías, Villegas afirmó que era la solución más lógica y más barata.
El fiscal había ridiculizado la idea asegurando que el único país en el que existía ese modelo era Bulgaria.
Villegas recordó a Campos que era verdad que existía pero que los políticos se habían encargado de vaciarla de contenido porque no les interesaba que investigara sus casos de corrupción.
«El problema con la figura del fiscal de instrucción es que no sería independiente. El Ministerio Fiscal se rige, según su Estatuto, por el principio jerárquico, cosa que no ocurre con nosotros los jueces, que somos independientes e imparciales. ¿Qué ocurre si el superior del fiscal de instrucción le ordena que no investigue a un político en el gobierno, en la Comunidad Autónoma o en el Ayuntamiento?», planteó.
«A los jueces no les puede dar ninguna orden. Es un delito», remachó.
Cerró el turno de intervenciones Antonio Viejo, que se preguntó, en tono irónico, si la instrucción por los fiscales era el mayor problema que tenía la justicia hoy día.
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