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Renovación del Constitucional: Una oportunidad para reflexionar

13/3/2017 10:35

Actualizado: 13/3/2017 16:45

Acabamos de cruzar el Rubicón de una nueva renovación del Tribunal Constitucional, una de las más importantes instituciones de nuestro andamiaje democrático.

Precisamente el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se consumó el paso a una renovación, una «ceremonia» en la que las mujeres seguían teniendo el papel anecdótico que hasta entonces habían tenido, sin aprovechar este nuevo envite para hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres que la propia Constitución consagra.

Quienes estén leyendo estas líneas es probable que piensen que están escritas desde la hostilidad por ser quien las escribe una de esas mujeres que, a decir de quien todos sabemos, no tienen el perfil senior adecuado para formar parte de tan alto tribunal.

No obstante y aunque confieso que como mujer y como jurista me molestaron profundamente esas palabras, no me mueve ningún ánimo de resentimiento o venganza, desde luego.

Porque a pesar de tan desatinadas palabras, al margen de la que aquí escribe, son muchas, muchísimas, las mujeres preparadas para acometer esa tarea.

Sin ningún género de duda.

Pero la reflexión que propongo va mucho más allá del tema de la paridad, del que ya se habló largo y tendido y del que estoy segura que, si no hoy, acabará calando a base de abrir pequeñas brechas en ese techo de cristal que terminará por ceder.

Es cierto que esta renovación del TC ha hecho correr ríos de tinta acerca del supuesto pacto preestablecido y la inutilidad de realizar todo el proceso, que algunos han definido como una pantomima.

Y cierto también que algunos opinadores se han referido a quienes allí comparecimos como meros comparsas. Y, aunque se entiende la intención, no creo acertado desmerecer a nadie que se haya limitado a cumplir escrupulosamente con la legalidad del proceso.

Y no me refiero a los candidatos y candidatas, o no solo a eso.

Me refiero también a las Comunidades Autónomas que realizaron exactamente el papel que la Constitución les atribuye en la conformación de este órgano.

En esta ocasión, la renovación consistía en el nombramiento de parte de los magistrados y magistradas, concretamente aquellos que se eligen a propuesta del Senado.

Una decisión acertada del legislador, que con ello pretendía dar entrada al elemento territorial que representa esta Cámara.

Por ello, en buena lid, la misión de los respectivos Parlamentos Autonómicos debería consistir en proponer candidatos o candidatas que, cumpliendo con todos los requisitos, pudieran aportar algo de cara a esa representatividad de las Comunidades Autónomas.

Y que fuera el propio Senado quien, entre tales propuestas, eligiera la mejor para tan alta encomienda. Si así se hubiera hecho, nos habríamos encontrado con treinta y seis candidatos y candidatas, un número más que adecuado para dar con quienes tuvieran mejor preparación para el cargo.

Sin embargo, solo fuimos quince, diez hombres y cinco mujeres.

Tal reducción de opciones fue fruto de la renuncia de algunas Comunidades a hacer propuestas y la repetición del mismo candidato por varias de ellas.

Y en esta segunda razón es dónde empiezan a chirriar los engranajes. Es difícil suponer que una misma persona esté vinculada a dos o más Comunidades diferentes hasta el punto de erigirse en representante de las mismas.

Ante estos mimbres, no han faltado voces que han criticado que se entrara en el juego. Aduciendo, entre otras razones, que si existía algún tipo de pacto previo, o que si estaba todo previsto de antemano, sobraba la puesta en escena.

Y ante tales planteamientos no puedo hacer otra cosa que disentir. Creo que quienes, más allá de suposiciones o creencias, continúan cumpliendo con lo previsto en la ley, no pueden merecer otra cosa que respeto.

No hay mejor modo para reivindicar el cumplimiento de la ley que seguir lo establecido en ella.

Y eso es lo que se hizo. Contemplando escrupulosamente la legalidad, tanto por parte de los Parlamentos Autonómicos, votando y proponiendo candidatos que estimaron idóneos, como por parte de esos candidatos y candidatas, realizando su comparecencia del modo más digno posible, dejándose la piel en ello por más que fueran conscientes de las escasas posibilidades que tenían de ser elegidos.

¿Es eso criticable? Pues pienso que no, más bien lo contrario. Pero iré más allá.

No solo creo que no es criticable, sino que estimo que es positivo en tanto en cuanto su intervención en el proceso de selección dio a los senadores y a la sociedad la opción de escuchar propuestas de diversas sensibilidades y distinta formación, lo que a se vez supuso poner en la palestra temas que, quizás de otro modo, no hubieran sido traídos a colación en esa tesitura.

Y eso siempre es enriquecedor.

Tampoco creo que la postura de apartarse a un lado sin más porque no se está de acuerdo con el proceso sea la más apropiada.

Como decía, aun cuando se es consciente de las escasas posibilidades, hay que intentarlo y poner toda la carne en el asador. Quien no se arriesga no pesca.

Y dejar sin más que las cosas sigan su curso sin intervenir en ellas priva del derecho a criticar a quien ni siquiera se ha arriesgado a participar del proceso.

¿Acaso se condena a un partido político por presentarse a unas elecciones en las que es casi seguro que no obtendrá representación?

¿Se le considera por eso parte activa de algún tipo de paripé o pantomima?. Evidentemente no, porque la pluralidad forma parte del juego democrático.

En cualquier caso, y en clave personal, no puedo dejar de reconocer que ha sido un verdadero honor para mí comparecer como candidata a magistrada del Tribunal Constitucional propuesta por mi Parlamento Autonómico.

Como mujer, como jurista, como valenciana y como ciudadana. Y que por esa razón, fueran cuales fueran las expectativas, lo hice del mejor modo que pude y supe Sin sentirme por ello comparsa de nadie.

Así que tal vez ha llegado el momento de reflexionar sobre cómo se hacen las cosas.

Y también sobre cómo no se hacen, y sobre cuál sería el mejor modo de hacerlas.

Porque el cumplimiento de la ley no siempre es la mera observancia automática de la misma.

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