El Tribunal de Cuentas finalmente ha dejado de ser «la república independiente de su casa» y ha optado por acatar y aplicar la sentencia del Tribunal Supremo. La Comisión de Gobierno, reunida el pasado 13 de marzo, acordó convocar «de inmediato» el puesto de subdirector técnico nivel 30, en la Dirección Técnica de la Presidencia del Tribunal, por el sistema de libre designación, que había exigido el Supremo en un incidente de ejecución de sentencia con fecha 8 de febrero.
Dicha plaza había sido convocada, en un principio, -y modificada de forma expresa-, para que el perfil del “elegido” encajara como un guante en el perfil de Enrique Medina (técnico de Organismos Autónomos de Agricultura y hermano del número 2 de la institución, el consejero por el PP Javier Medina).
De esa forma, impidieron que letrados y auditores del propio Tribunal de Cuentas, entre los que se encontraba Fernando Clemente, letrado de la institución, pudieran optar al mismo, en un claro ejemplo de manejo y nepotismo.
Clemente recurrió ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, que le dio la razón en sentencia del pasado 25 de abril de 2016, ordenando la anulación del mencionado nombramiento, sobre el que el alto tribunal escribió con todas las letras que había habido “desviación de poder”.
Medina, ante el escándalo formado, no llegó nunca a tomar posesión de la plaza, que fue ocupada, mediante un nombramiento provisional, por Carlos Ortega Carballo, letrado que había estado en excedencia, sirviendo en el Tribunal Constitucional, y que, tras un periodo de tiempo, había pedido su reingreso en el Tribunal de Cuentas.
Una decisión que se tomó antes de que se dictara la sentencia del 25 de abril de 2016, la cual anuló el nombramiento de Medina y estableció la convocatoria de la plaza.
Después de dicha sentencia, el Tribunal de Cuentas se hizo el remolón y se desentendió de la orden ejecutiva del Supremo. Hasta el tirón de orejas del pasado 8 de febrero.
El informe del abogado jefe del Estado, clave
Ahora, la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas ha decidido acatar en toda su extensión la sentencia del Supremo, siguiendo las indicaciones contenidas en el informe elaborado por el abogado jefe de la institución, Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y uno de los más brillantes juristas en ejercicio.
De esta forma, el Tribunal de Cuentas ha anulado la adscripción provisional del mencionado letrado -que es de plantilla y que será resignado a otro destino, por lo que no se queda en la calle, sin trabajo-, y ha ordenado la convocatoria «de inmediato» del citado puesto.
Al mismo, sólo podrán presentarse, de forma expresa y exclusiva, los solicitantes que en su día se presentaron «a la convocatoria anulada del 23 de septiembre de 2013», según establece la Comisión de Gobierno en su acuerdo.
De esta forma, en un movimiento muy inteligente, se impide que pueda suceder, otra vez, un nuevo manejo que pudiera favorecer a otro recomendado. Todo regresa a la casilla de salida, con sólo los aspirantes que, en su día, optaron al cargo, si todavía así lo desean.
