La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha hecho un llamamiento al Consejo Fiscal para que se pronuncie sobre «la ratificación o el cese» del fiscal jefe de la Fiscalía Especial Anticorrupción y de Criminalidad Organizada, Manuel Moix, por lo acaecido en los prolegómenos de la Operación Lezo.
Los dos fiscales Anticorrupción del caso, Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá, invocaron el artículo 27 del Estatuto Fiscal, que conllevaba la convocatoria de la Junta de Fiscales Anticorrupción, formada por una veintena de ellos, para que se les permitiera investigar dos casos, relacionados con el Canal de Isabel II, que ellos consideraban que estaban conectados a pesar de mediar, entre ambos 16 años y que las personas involucradas fueran diferentes.
Moix planteó a los dos fiscales que eran dos investigaciones diferentes y se mostró en contra.
Una, la de Inassa, era de 2001, cuando Alberto Ruiz Gallardón ocupaba la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid; la de Emissao, por el contrario, correspondía a 2013, un periodo en el que Ignacio González ostentaba esa misma Presidencia.
La Junta apoyó el punto de vista de Yáñez y García Cerdá sin haberse podido mirar el asunto, pero guiada por un criterio de eficacia.
Yáñez y García Cerdá contaban con una resolución anterior de a Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que apoyaba su pretensión de que todo era parte de una misma investigación.
Por eso, cuando recibieron la orden de Moix, invocaron el artículo 27 del Estatuto Fiscal, y el fiscal Anticorrupción no tuvo más remedio que convocar a los más de viente componentes de la Junta de Fiscales Anticorrupción.
Los fiscales que participaron en dicha Junta reconocieron que no se habían podido mirar el asunto, pero, guiados por un criterio de eficacia más que procesal -y ya que se iba a entrar en el Canal de Isabel II- apoyaron que se incautara también todo lo referente a lo del caso Inassa, de 2001. Y, luego, si no hubiera conexidad, opinaron que se debía abrir una investigación aparte.
La Junta dio el visto bueno y Moix acató el resultado, si bien el fiscal Anticorrupcion ordenó que se detrajera de la lista de cargos la acusación de pertenencia a organización criminal.
Desconfianza entre la opinión pública
De acuerdo con la APIF, estos acontecimientos han suscitado en la opinión pública «una lógica desconfianza sobre el funcionamiento de la Fiscalía, dando la impresión que su comportamiento se acerca más al abogado que defiende al corrupto y que dirige su actuación torpedeando el procedimiento penal. Haber dado lugar a que se haya suscitado esta opinión de la Fiscalía Especial Anticorrupción nos parece gravísimo ya que se trata de una Fiscalía Especial creada para luchar contra la corrupción».
Esta Asociación entiende que la coordinación de sus efectivos es una de las funciones de la jefatura, pero defiende que deben desaparecer lo que denominan las órdenes particulares negativas -«no investigar, no perseguir- que «cercenan nuestra credibidilidad ante la opinión pública».
«Máxime cuando se además afloran informaciones acerca de un investigado por presunta corrupción que se pronuncia sobre el organigrama interno del Ministerio Fiscal y la persona más idónea, desde su punto de vista, para ostentar la Jefatura de una Fiscalía tan importante como la Fiscalía Especial Anticorrupción y contra la Criminalidad organizada, que venía encargándose de investigarle, resultando finalmente ser el fiscal que es elegido por el Gobierno para tan importante función», dicen en su comunicado, refiriéndose a Moix.
Por eso plantean que se modifique el mencionado artículo 27 del Estatuto Fiscal, para que, en aras de una autonomía real, se dote «a la Junta de Fiscales de facultad de control de las órdenes de los Fiscales Jefes y, además, de formación de la voluntad de la propia Fiscalía, siendo preciso que su informe sea vinculante para el Fiscal Jefe».
Grinda y Bermejo
La APIF tamibén se pronuncia en contra de la remoción de los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo, que estaban llevando -desde Madrid- el caso del 3 por ciento, sobre el supuesto pago de comisiones por parte de varias empresas a Convergencia Demodrática de Cataluña a cambio de adjudicaciones de obra pública, que se investiga en el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell, en Tarrgona.
Grinda y Bermejo fueron sustituidos por los fiscales anticorrupción delegados en Cataluña Emilio Sánchez y Teresa Duerto.
«Si bien es cierto que tal actuación es legal, está previsto en el vigente EOMF [Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal], tal decisión no ha sido debidamente fundamentada ni se ha visto acompañada de ninguna explicación que permita comprenderla», añaden en su comunicado.
