La Comisión Europea ha decidido llevar a España, así como a Croacia, Chipre y Portugal, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber incorporado «completamente» en su legislación la normativa europea sobre créditos hipotecarios.
Bruselas ha advertido de que la no aplicación de la directiva en cuestión significa que los consumidores de estos países «no pueden disfrutar de la protección que les corresponde cuando suscriben sus préstamos hipotecarios o cuando experimentan dificultades para reembolsarlos».
Los países tenían de plazo hasta el 21 de marzo de 2016 para trasponer la ley a sus legislaciones nacionales, precisó en un comunicado el Ejecutivo comunitario, que ya había pedido formalmente a estos países en 2015 que implementasen la directiva.
El objetivo de la directiva es «crear un mercado de crédito hipotecario en toda la Unión con un nivel elevado de protección de los consumidores», indicó la Comisión.
Sin la directiva, adoptada el 4 de febrero de 2014, los intermediarios de crédito tampoco pueden contar con un pasaporte para sus actividades comerciales, lo cual «priva a los consumidores de Croacia, Chipre, Portugal y España de ofertas de crédito potencialmente más ventajosas procedentes de prestamistas de otros Estados miembros», explicó Bruselas.
Una situación que «dificulta la competencia, limita las posibilidades de elección y lleva a unos precios más altos».
La norma introduce la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN), que busca permitir a los prestatarios comprender mejor los riesgos inherentes a su contrato hipotecario; medidas para evaluar la solvencia de los solicitantes de una hipoteca y principios para autorizar y registrar a los intermediarios de crédito.
Asimismo, posee disposiciones relativas al reembolso anticipado, los préstamos suscritos en moneda extranjera, las prácticas de venta vinculada, la educación financiera, la tasación de la propiedad, las demoras y la ejecución hipotecaria.
Además de en 2015, la Comisión ya pidió a España en mayo y noviembre del año pasado trasponer la directiva a la legislación nacional.
España prevé aprobar pronto un texto normativo
Por su parte, el Gobierno español prevé aprobar el texto normativo que traspone la directiva europea sobre créditos hipotecarios antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) su sentencia eventual contra España .
«Estamos trabajando para alcanzar el consenso necesario que permita superar el trámite parlamentario, cuestión que no solo depende del Gobierno», señalan fuentes del Ministerio de Economía, que recuerdan que en 2016 no se pudo avanzar en la trasposición de la normativa al encontrarse el Gobierno en funciones.
La norma comunitaria está igualmente vigente
Para Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, el retraso español de la transposición de la directiva comunitaria es «bochornoso».
Es más, señala que el gobierno parece desconocer que su obligación de trasponer no es disponible: debe hacerlo totalmente y en plazo«.
No hacerlo no implica la no vigencia de la directiva. «La norma comunitaria está igualmente vigente desde el 21 de marzo de 2016 en aplicación del principio de supremacía del derecho comunitario. Una situación que genera una enorme inseguridad jurídica. Las hipotecas constituídas desde el pasado 21 de marzo de 2016 se encuentran en una situación e limbo jurídico y podrían ser susceptibles de ser declaradas nulas», asegura este experto.
Por eso la Comisión Europea apremia ante Luxemburgo al gobierno español -además del croata, chipriota y portugués- para que traspongan ya la citada directiva. «Nos parece bien, porque consideramos que el retraso es bochornoso y culpable. Nos podríamos haber ahorrado este descrédito nacional haciendo los deberes a tiempo», indica Navas.
