El Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura en una foto histórica: su primera reunión tras el Congreso de 2015. Confilegal.
La APM califica de panorama «descorazonador» la puesta en marcha de los Juzgados para las cláusulas abusivas
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06/6/2017 18:34
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Actualizado: 31/3/2022 14:50
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La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha calificado de panorama «descorazonador» la implementación de los 54 Juzgados para resolver las cláusulas abusivas en toda España, tal como establece el «Plan de Urgencia» ideado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sólo cinco días después de la que tenía que ser su fecha de arranque: el 1 de junio de 2017.
«La falta de planificación, coordinación y dotación de medios, consecuencia de la precipitación con que se ha actuado, se ha traducido en una pluralidad de situaciones variopintas al albur de la diferente implicación en cada territorio, en perjuicio de los derechos fundamentales de igualdad de todos ante la ley y de tutela judicial efectiva», dice un comunicado hecho público por la Ejecutiva de la asociación mayoritaria de jueces.
Así, la APM señala que 15 Juzgados han comenzado a funcionar «con un Juez en periodo de formación, que tendrá que compatibilizar sus funciones con prácticas en los órdenes social y contencioso-administrativo, pero que en unos casos cuentan con lAJs (letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales), funcionarios e instalaciones propias».
«En otros tienen lAJs en comisión sin relevación o en prolongación de jornada, y funcionarios en prolongación de jornada; y en algunos territorios no se ha designado ni lAJ ni funcionarios».
«En cuanto a las instalaciones, van desde la siempre existencia de un despacho compartidos, sin instalaciones para lAJs y funcionarios, a oficinas ubicadas en otros edificios…», añaden.
En los 39 órganos restantes que, desde el 1 de junio, centralizan la recepción de las demandas a nivel provincial, son los jueces titulares, los lAJs y los funcionarios del juzgado en concreto los que asumen tal función sin que se haya tomado alguna medida que conste.
Para la Asociación Profesional de la Magistratura, para que esta apuesta pueda tener éxito es preceptivo que haya voluntad política.
Hay que «interiorizar que la Justicia es una prioridad que debemos construir entre todos y que exige, de entrada, adecuar la planta judicial a las necesidades de la sociedad española, lo que no se consigue con convocatoria de plazas en número a la tasa real de reposición». Otra cosa es el «parcheo».
Graves problemas jurídicos y materiales
La APM enumera, en su comunicado, graves problemas jurídicos y materiales, que enumera en cinco áreas específicas:
«1.- La asignación de Jueces que no han terminado su período de formación (de hecho, no lo terminarán hasta el 30 de noviembre de 2017) y a los que se priva, en unos casos desde el 01/06/17 y en otros desde el 01/07/17, de la última fase de preparación (sustitución o refuerzo). Si dicha fase no es necesaria, como siempre ha sostenido la APM, debe suprimirse; y si el CGPJ la considera precisa, la utilización de los alumnos, que además el próximo 30/11/17 saldrán de la Escuela Judicial, vulnera su derecho a una formación integral, derecho que al mismo tiempo es garantía de los ciudadanos.
«2.- La adopción de una medida que implique alejar el órgano competente del domicilio del consumidor puede entenderse como contraria al art. 7 de la Directiva 93/13, de 5 de abril, si hace excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los consumidores.
«3.- La medida solo puede tener mínimas posibilidades de éxito si, en paralelo, se dotan los órganos de medios personales y materiales suficientes a tales efectos. En otro caso, está condenada al fracaso.
«4.- En los casos en que la medida se circunscribe a la atribución competencial a un órgano existente, haciendo recaer toda la carga de trabajo sobre el titular y el personal del mismo, la decisión de exención parcial es competencia exclusiva de la Sala de Gobierno, a propuesta de la Junta de Jueces, careciendo el CGPJ de competencia o iniciativa alguna en esta materia, al margen de que esa exención recaería en los otros órganos del mismo partido y no en el resto de órganos de los demás partidos de la provincia.
«5.- La medida tiene un marco temporal delimitado hasta el 31 de diciembre de 2017. Sin embargo, respecto de los 15 órganos dotados con refuerzo de Juez en prácticas, cabe señalar que los mismos terminan su formación el 30 de noviembre, de forma que la cobertura por los mismos del mes de diciembre dependerá de que se prolongue artificialmente su período de “formación” o de que voluntariamente lo soliciten, y, en cualquier caso, a partir del 1 de enero no hay previsión alguna, lo que implica que las demandas que se presenten en noviembre no van a poder ser atendidas por los mismos y, en todo caso, los procedimientos de ejecución de título judicial recaerán sobre el órgano reforzado».
Reunión de la Comisón Tripartita CGPJ/MJ/CCAA
La Asociación Profesional de la Magistratura, por último, se refiere a la reunión de la Comisión Tripartita entre el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas, celebrada el 31 de mayo pasado, en la que parece que hubo un compromiso por parte de las Administraciones de Justicia implicadas a sólo un día de la entrada en vigor de los nuevos juzgados.
Un compromiso que está muy bien si no fuera porque las medidas se han empezado a aplicar «sin aguardar a la dotación de medios personales y materiales, con las excepciones ya apuntadas».
La APM termina resaltando el compromiso de los jueces garantizando el derecho a la tutela judicail efectiva de los afectados por determinadas cláusulas contenidas en contratos bancarios.
Y concluye: «pero también queremos transmitir a la opinión pública que, en estas condiciones, sin una dotación y una previsión suficiente, la medida será a corto, medio y largo plazo contraproducente y contribuirá a ralentizar el funcionamiento y el tiempo de respuesta de órganos de por sí sobrecargados de trabajo».
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