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La Audiencia de Valencia condena a un abogado por apropiarse del dinero de un cliente

Ciudad de la Justicia de Valencia.
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La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 1 año de prisión a un abogado que se quedó con más de 55.000 euros que la empresa de su amigo, Renovables, SL,  a la que representaba le entregó para resolver un pleito con un banco.

Según los hechos probados, el letrado Francisco Davó recibió el encargo personal de un amigo para que iniciara un procedimiento judicial de ofrecimiento de pago a  Ibercaja para la cancelación de una póliza de crédito que Renovables, SL. tenía con dicha entidad.

Un procedimiento seguido en el Juzgado de Primera Instancia nº6 de Valencia, donde la hija de Francisco, también letrada de ese despacho, consignó en la cuenta del juzgado la suma de 55.194 euros.

Dicha consignación lo logró la finalidad perseguida “y el procedimiento judicial finalizó con resolución judicial por la que se desestimó la pretensión de la mercantil demandante y se ordenó la devolución a Renovables, SL. de la suma consignad”, según la sentencia.

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El letrado ahora condenado, procedió, abusando de la confianza de su amigo “y usando los poderes que la citada mercantil le había conferido”, ordenó que se transfiriera a su cuenta la citada cantidad.

Su amigo le pidió reiteradamente explicaciones, ante lo que Francisco Davó “le daba largas”.

Tras realizar las oportunas averiguaciones, el perjudicado, comprobó que ese ya había cobrado por su letrado.

En este caso se da la atenuante de reparación del daño, puesto que el letrado acusado abonó al perjudicado “la cantidad de 65.000 euros por el importe apropiado y gastos”, antes del juicio, según la sentencia.

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Eso después de intentar presentar unas facturas sobre unos honorarios con el propósito de justificar su actuación. Entiende el tribunal que minuta de 35.808 presentada por Francisco Davó sirve solo “para reconstituir una prueba documentada de honorarios cuantiosos a su favor para tapar su acción apreciativa, pues estamos convencidos de que el abogado acusado sabía que no procedió que le fuera pagada en dicho procedimiento”.

La citada minuta “no respondía a ningún pacto con LFPR -su amigo- sino al propósito de crear un documento, con una fecha anterior puesta a conveniencia de su redactor unilateral, al acusado, cuya única finalidad era dar cobertura, con apariencia de legalidad, a la apropiación ilícita del dinero ajeno que se había producido.

Este letrado es muy conocido en Valencia porque fue el letrado que defendió en la instrucción y el el juicio a Juan Maeso, condenado a 1.933 años de cárcel por el contagio de hepatitis C a 275 personas en varios hospitales de esa Comunidad.

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Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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