La decisión del magistrado del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de decretar prisión provisional para Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), vicepresidente de la UEFA y de la FIFA, de su hijo, Gorka, y del vicepresidente económico de la entidad, Juan Padrón, por los supuestos delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental, termina de un portazo un periodo de 29 años durante los cuales Villar ha sido el máximo mandatario del fútbol español.
Su encarcelamiento abre, de facto, un nuevo periodo en el que la RFEF tendrá que reinventarse con nuevos dirigentes, respondiendo al nivel de transparencia en la gestión que exige la ley.
Respecto del cuarto detenido, el secretario de la Federación de Tenerife, Ramón Ángel Hernández Baussou, el magistrado ha acordado la prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros.
En caso de depositarlos, su situación se modificará a las medidas de comparecencias semanales, prohibición de salida del territorio nacional y retirada de pasaporte.
La decisión del magistrado se basa en la gravedad de los delitos, lo que pudiera llevarles a huir de la justicia, «máxime ante la gran capacidad económica de la que disponen», dice Pedraz, posibilitando la obstrucción de la investigación, que se encuentra pendiente de analizar toda la documentación ocupada en los registros.
«Ángel María Villar Llona, presidente de la RFEF, creó un entramado que ha permitido la desviación de fondos (tanto públicos como privados) de dichas asociaciones a sociedades vinculadas, estableciendo asimismo un clientelismo tanto en la contratación del personal, que recae fundamentalmente¡ en familiares, como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministro y prestación de servicios a empresas vinculadas, bien directamente o bien a través de familiares, y mediante la obtención de determinadas contraprestaciones por dichas adjudicaciones, con incumplimiento de sus obligaciones como responsables de los fondos federativos y aprovechándose de los puestos que ostentan», dice el auto.
Y añade a continuación: «La investigación ha determinado que dicha actuación ha podido ser realizada en virtud de la estructura y el sistema de funcionamiento de las asociaciones investigadas, con conocimiento y colaboración de sus principales dirigentes, y que esas actuaciones vienen prolongándose en el tiempo, al menos desde 2009, en el ámbito de todo el territorio nacional, y en algunos casos mediante el uso de documentación creada ex profeso para amparar dichas conductas».
Transparencia Internacional
Desde el punto de vista del magistrado Pedraz, Villar ha tratado de dejar de percibir subvenciones públicas para eludir el control financiero y contable al que obliga la Ley de Transparencia.
En la línea de lo que adelantó recientemente Confilegal, el magistrado alude al informe elaborado por Transparencia Internacional sobre la RFEF, en la que se dice que la estrategia de Villar ha sido evitar dar publicidad a la gestión financiera y administración del patrimonio.
«Las conclusiones de una auditoría fueron: la inexistencia de un criterio formal que determine las cuantías de la retribución variable de los empleados y la ausencia de contratos escritos con el personal reputado de alta dirección», dice el magistrado en su auto, de cuya lectura se desprende que la RFEF era el negocio de Villar y sus adlateres.
