El Congreso concluye que Fernández Díaz usó la policía política para perseguir a sus adversarios
Fernández Díaz ex-Ministro Interior Comisión investigación sobre el uso partidista del ministerio.

El Congreso concluye que Fernández Díaz usó la policía política para perseguir a sus adversarios

|
21/7/2017 04:58
|
Actualizado: 21/7/2017 09:46
|

La Comisión de investigación sobre el uso político de la Policía en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior asegura que sí se utilizó para perseguir a los adversarios políticos y que hubo un «abuso de poder» por parte de sus responsables, quebrantando «las reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho».

Así lo subraya el dictamen con las conclusiones, respaldado por la mayoría de los grupos parlamentarios, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos.

El portavoz de la formación naranja Miguel Gutiérrez ha justificado su abstención en la percepción de su grupo de que no ha existido una brigada de policía política como tal, sino una dejación de funciones en quienes dirigían el Ministerio y no controlaron lo que estaban haciendo algunos de sus mandos.

Desde el PSOE, su portavoz de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado que el dictamen aprobado por la Cámara «pone de manifiesto que hemos vivido una de la páginas más negras de nuestra democracia y que a la vez la fortaleza de la democracia, a través de los distintos mecanismos, en este caso con la fuerza del parlamentarismo, es capaz de poner de relieve esa responsabilidad política en la que incurren aquellos que ostentan un poder, como ha quedado delimitado con el encargo que nos hizo la Cámara”.

Campo ha detallado los cuatro puntos incluidos en el acuerdo mayoritario, cuyas conclusiones son: que en el ministerio del Interior, bajo el mandato de Fernández Díaz, usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, se creó una estructura policial bajo las instrucciones de Ignacio Cosidó por orden del Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, con el consentimiento y conocimiento del ministro, destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP, al seguimiento, investigación y en su caso, la persecución de adversarios políticos.

En el dictamen se señala que estas decisiones han supuesto una inaceptable utilización partidista con fines políticos de los efectivos, medios y recursos del departamento de Interior y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con un abuso de poder que quebranta las reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho.

En tercer se deja claro que no se ha juzgado a la policía, cuyo comportamiento amplísimamente mayoritario obedece al mandato constitucional y legal que tiene encomendado.

El cuarto y último punto es una llamada de atención para «exteriorizar» la «poca colaboración» del Gobierno a la hora de remitir la abundante documentación solicitada por los grupos, si bien, como ha subrayado el diputado socialista Juan Carlos Campos, a veces ha ido «muy justo de tiempo».

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Rojas, subrayaba que “al no ponerse de acuerdo la oposición en un texto común el voto particular más respaldado ha sido el del Partido Popular”. “De hecho, al Pleno de la Cámara no irá un texto común sino los siete dictámenes de cada grupo”.

A su juicio, “ha sido una quimera más de algunos grupos intentando desgastar al PP, aquí no ha habido utilización partidista, no ha habido policía política».

Podemos irá a la Fiscalía

David Serrada, portavoz de Interior del PSOE, ha explicado que los trabajos de la comisión han dejado claro que hubo «mucho amiguismo» en esa estructura policial y ha indicado que no se ha responsabilizado a los secretarios de Estado de Seguridad porque no se ha acreditado que hubiera una implicación clara en esos hechos.

Y ha incidido en que “ha quedado claro que se han puesto trabas por parte de esta brigada, de esta policía política del Ministerio del Interior, a que se continúen investigaciones que tenían que ver con la corrupción del PP”.

“Todo nos lleva a concluir que había una policía política en el seno del ministerio del Interior”, ha sentenciado el portavoz de Interior.

Por su parte, desde Podemos, Irene Montero y Gloria Elizo han resaltado que las conclusiones de la comisión reflejan los «ataques directos» a su formación con los informes policiales PISA y Europacific y han añadido que, aunque están satisfechas con el dictamen, lo consideran insuficiente y creen que los trabajos deberían haber continuado.

Además, la formación morada también ha avanzado que pondrá a disposición de la Fiscalía los indicios de responsabilidad criminal que ha apreciado en las conclusiones, sobre todo después de comprobar que uno de los comparecientes, José Ángel Fuentes Gago, el inspector jefe y mano derecha del ex número dos de la Policía Eugenio Pino, mintió.

El dictamen se votará en septiembre

El presidente de la comisión de investigación del Congreso sobre el uso partidista del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz, el peneuvista Mikel Legarda,  ha lamentado que la comisión, cuya puesta en marcha se aprobó en septiembre, comenzara «tarde» por la «desgraciada» enfermedad el exministro.

También ha criticado que en el transcurso haya habido «parones» ante la incapacidad de los grupos de ponerse de acuerdo sobre los comparecientes a los que citar y que, además, la documentación de la que ha dispuesto la comisión también haya «atascado» los trabajos.

A su juicio, sin todas estas circunstancias adversas, posiblemente la comisión «podría haber aquilatado más» los trabajos.

Pese a todo, Mikel Legarda,  ha aplaudido que una mayoría haya sacado adelante unas conclusiones que, junto a los votos particulares que cada grupo incluirá en el dictamen, se votarán previsiblemente en un Pleno del próximo mes de septiembre.

Noticias Relacionadas:
Lo último en Mundo Judicial