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El Gobierno deniega la extradición del periodista turco Hamza Yalçin

Hamza Yalçin y Baltasar Garzón fotografiados una hora antes de conocer la decisión de no extraditar al periodista turco-sueco; la instantánea fue tomada en la sede de la Fundación FIBGAR, en Madrid. Carlos Berbell/Confilegal.
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El Consejo de Ministros ha acordado hoy no continuar con el procedimiento de extradición del periodista de nacionalidad sueca y turca, Hamza Yalçin, de 59 años, reclamado por Turquía a través de Interpol.

La decisión supone que recupera toda su libertad para regresar a Estocolmo donde vive.

Yalçin había sido detenido en el aeropuerto del Prat de Barcelona el 3 de agosto pasado, cuando se disponía a tomar un avión con destino a Londres, país que está fuera del espacio Schengen, el área que comprende a 26 países europeos que han abolido los controles fronterizos en las fronteras comunes.

“La noticia me llena de satisfacción. El Gobierno ha hecho justicia con esta decisión”, declaró a Confilegal Baltasar Garzón, socio director del bufete ILOCAD (International Legal Office for Cooperation and Development), quien actuó en este caso “pro bono” (gratis), a instancias de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), que también preside, por ser un asunto de vulneración de derechos fundamentales.

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Yalçin había sido puesto en libertad ayer después de pasar 57 días en prisión preventiva en la cárcel barcelonesa de Brians I, por decisión del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional. El titular de dicho Juzgado, Ismael Moreno, respondía así al requerimiento de detención emitido por el gobierno turco a través de Interpol.

El régimen del presidente Recep Tayyip Erdogan reclamaba la extradición de Yalçin por supuestamente pertenecer a un grupo terrorista o criminal y por la publicacion de un artículo crítico que firmó con en la revista Odak Dergisi el  17 de noviembre de 2016. Del artículo se destilaba una crítica clara a Erdoğan y al Ejército turco al que el propio Hamza perteneció años atrás cuando vivía en Turquía.

Díez días atras habían asumido su defensa los abogados de ILOCAD, con Garzón a la cabeza, quienes pusieron la maquinaria legal a su disposición.

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En el escrito de libertad provisional que presentaron para sacarlo de la cárcel, señalaron que “los hechos a partir de los cuales las autoridades turcas afirman la ‘pertenencia a grupo terrorista o criminal’ del señor Yalçin son de todo imprecisos y carecen de sustento fáctico, cuando no incurren en contradicciones, siendo lo único cierto que el señor Yalçin en tanto que su profesión es la de periodista, escribe artículos con el fin de dearrollar su deber de informar verázmente y con libertad de opinión”.

También destacaron la “patente ausencia del requisito de doble incriminación, su condición de refugiado o asilado y la existencia de un riesgo cierto de que, de ser extraditado, el señor Yalçin sea sometido a torturas, a un proceso carente de las mínimas garantías del derecho de defensa y a un trato inhumano y degradante”.

Según el Consejo de Ministros, la denegación de la extradición solicitada por Turquía se basa en el reconocimiento de asilado de Yalçin. 

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“Dicha condición, sobre la base de las obligaciones contraídas por España como miembro de la Convención del Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967, así como de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.8 de la Ley de Extradición Pasiva, es causa de denegación de la extradición“, dice la comunicación oficial.

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El Gobierno cita la documentación aportada por las autoridades suecas, con las que ILOCAD estuvo en contacto permanente desde la asunción del caso, en las que quedaba claro que a Hamza Yalçin le fue reconocida su condición de refugiado en Suecia en dos ocasiones, en 1987 y en 1997.

Después, en 2006, se le concedio la nacionalidad sueca para darle una protección reforzada a la propia del estatuto de refugiado al persistir, a juicio de dichas autoridades, las circunstancias que hasta en dos ocasiones anteriores habían justificado la concesión del asilo.

Yalçin, que compareció por la mañana en la Fundación FIBGAR en rueda de prensa tras trasladarse, ayer, de Barcelona a Madrid, estaba igualmente feliz al conocer la noticia.

“Si a mí me dijeran que podría poseer un banco lleno de dinero a condición de pasar dos meses en la cárcel, como los que he pasado, diría que no”, afirmó el periodista.

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“La experiencia ha sido terrible”, añadió.

Durante el curso de la rueda de prensa, celebrada esta mañana en la sede de FIBGAR, en Madrid, hizo también acto de presencia el escritor turco-alemán, Dogan Akhanli, de 60 años, quien igualmente fue detenido días después, el 19 de agosto, en la habitación del hotel de Granada, donde estaba pasando unas vacaciones con su esposa.

Akhanli vive desde 1992 en la ciudad de Colonia, al oeste de Alemania.

Sobre su caso también tiene que pronunciarse el Consejo de Ministros próximamente.

Baltasar Garzón, Hamza Yalçyn, Dogan Akhali y María Garzón, directora de la Fundación FIBGAR. Carlos Berbell/Confilegal.

El mecanismo de su detención fue también el mismo. Una “alerta roja” de Interpol, el sistema automático que permite la detención de las personas en otros países sin entrar a conocer en el fondo del asunto.

Turquía se ha unido a la estratagema que utilizan naciones como Rusia, Ucrania y Kazajistán, las cuales emiten, a través de Interpol, órdenes de búsqueda y captura contra sus disidentes en el exterior tipificando sus actividades bajo supuestos delitos homologables en cualquier país de la Unión Europea.

Las detenciones y la entrega posterior de las personas buscadas se producen sobre esos parámetros.

Así, de forma involuntaria, Interpol se convierte, en muchos casos, en un colaborador involuntario y valiosísimo para capturar a las personalidades contrarias al régimen seudodemocrático del país demandante, como son estos dos casos, lo cual está haciendo, a muchos países democráticos, plantearse dicho mecanismo de entrega de delincuentes.