El Secretariado Estatal de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) hizo, ayer por la tarde, público un comunicado, que había sido elaborado y publicado por su Sección Territorial de Cataluña el pasado 22 de septiembre, en el que éstos expresaban su «compromiso firme y leal con la Constitución y a la ley emanada de los poderes constituidos que dimanan de la misma y con la tutela efectiva de los derechos y libertades de la ciudadanía».
Con la nueva publicación de este comunicado, el Secretariado Estatal quiere dejar claro que los 15 magistrados de esa Sección que al mediodía de ayer anunciaron que se daban de baja de JJpD, se habían desdicho del acuerdo previo acordado por la organización territorial y que lo que pretendían suponía salirse del marco constitucional y de derechos vigente como asociación judicial, cosa de todo punto imposible ya que todos ellos, como jueces y magistrados juraron su cumplimiento.
Los 15 disidentes tomaron esa decisión porque sus compañeros se negaron a aceptar su propuesta de «mínimos» en defensa de los «los derechos y libertades públicas de la ciudadanía», según afirmaron en su comunicado. Una pretensión que se acercaba al universo del «process» y a la convocatoria del referéndum de autodeterminación fijada para mañana 1 de octubre, y que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Los jueces Àngels Vivas, Juli Solaz, Daniel Bartomeus, Guillem Soler, Joan Agustí, Lidia Castell, Núria Cleries -fue directora general de relaciones con la administración de Justicia durante el tripartito-, Silvia Ventura, F. Xavier González, Jaume Masfarré, Montse Figuera, Montserrat Raga, Josep Maria Noales, Joan Francesc Uria y Ramon Llena, uno de los instructores del caso Palau, pretendían que JJpD defendiera públicamente que es «desacertado» que un «problema político” como el que se plantea en Cataluña ante el 1-O se intente resolver “fuera de la vía política, mediante su judicialización”, y que protestas contra decisiones judiciales se consideren sediciosas si se mantienen en el “marco pacífico”.
Reclamaban, además, que se respetara el derecho de reunión y manifestación, “sin que la crítica o el rechazo que los ciudadanos puedan mostrar ante decisiones adoptadas por gobiernos, jueces o fiscalías tenga que ser considerada una actuación sediciosa si se hace en el marco pacífico de una manifestación ciudadana”.
En el comunicado del 22 de septiembre de la Sección Territorial de Cataluña, asumido en un principio por todos sus componentes, y ahora por el Secretariado Estatal de JJpD, se hace un llamamiento a los partidos políticos y organizaciones sociales para que “redoblen sus esfuerzos en pro de una convivencia pacífica y democrática a fin de superar las diferencias políticas existentes, y a que se perfilen fórmulas de regulación política compatibles con la pluralidad existente en el seno de la sociedad española y catalana en particular”.
Y recuerdan que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 42/14 “defiende una interpretación no ‘sacramental’ de la Constitución, y que la misma puede ser modificada excepto en lo que se refiere al capítulo de Derechos Fundamentales”.
Traducido: Todo es negociable si se habla previamente.
De hecho el párrafo final supuso una concesión a la armonía interna de la organización: «Difícilmente se alcanzará una solución al conflicto con la actual escalada de judicialización, más bien al contrario, y con medidas o iniciativas que -cuando carecen de la necesaria proporcionalidad- pueden ser percibidas por un sector de la población como una instrumentalización del poder judicial y que comprometen la percepción de imparcialidad respecto al mismo”, afirman en el mismo.
Dicho de otro modo, la judicialización no es el camino sino la política, pero sin llegar a condenarla, como ahora pretendían estos.
Una concesión que, por lo que se ha visto, no sirvió para nada.
