El Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla ha condenado a la exconsejera de Bienestar Social de Melilla y actual diputada autonómica del PP, María Antonia Garbín, a diez años de inhabilitación al considerarla autora de un delito continuado de prevaricación administrativa.
La condena afecta también a otras 13 personas, entre funcionarios -directores generales, secretarios técnicos o cargos similares- y abogados, a los que se castigan con penas de entre cinco y nueve años de inhabilitación.
En la sentencia el tribunal ha señalado en la práctica de dar a los contratos la apariencia de contratos menores, «Mª Antonia Garbín, a sabiendas de su injusticia, eludió las modalidades de adjudicación legalmente previstas -esto es, el procedimiento ordinario de licitación, abierto o restringido, o excepcionalmente y en supuestos tasados el procedimiento negociado- y, de este modo, impidió la concurrencia, «soslayó la exigencia de fiscalización previa propia de la contratación no menor y evitó a la vez que la contratación se sustrajera a su ámbito competencial».
El juzgado ha indicado que la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, como todas las Consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla, «únicamente tiene capacidad para celebrar contratos menores de acuerdo con el art. 1c) de Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM) y Acuerdos del Consejo de Gobierno de 8 de julio de 2003, 20 de julio de 2007, 3 de septiembre de 2010 y 5 de enero de 2012».
En el auto, se ha asegurado que, en todo el proceso de tramitación de los 91 expedientes de contratación, la acusada Mª Antonia Garbín «contó con el respaldo y connivencia de los Directores Generales y Secretarios Técnicos de la Consejería, quienes elaboraron respectivamente Informes de Necesidad y de Secretaría Técnica (de Legalidad)».
Así, ha indicado que «mientras que los informes de necesidad sí eran preceptivos, no lo eran los de legalidad, que tenían por finalidad dar apariencia de legalidad a estos contratos menores, siendo las únicas exigencias de este tipo de contratación, además del Informe de Necesidad, la aprobación del gasto y la presentación de la factura conforme a los artículos 56 RDL 2/2000, 95.1 Ley 30/2007, y 111 RDL 3/2011, no habiéndose aportado ni una sola factura».
La exconsejera de Bienestar Social y actual diputada autonómica del PP, María Antonia Garbín, ha anunciado que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial al considerarla injusta. Hasta que no sea firme no está obligada a dejar su escaño en el Parlamento andaluz. EP.
